Al gobierno gringo le preocupan tanto los niños migrantes como los carteles criminales del Triángulo Norte. Si nos quieren ayudar a combatir esos problemas, deben tener claro que cualquier “Alianza para la Prosperidad” tiene que apuntar a un aumento sensible en la productividad
El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
realizó una visita a Guatemala para definir y priorizar la agenda del Plan
Alianza para la Prosperidad que su gobierno impulsa en el Triángulo Norte de
Centroamérica con el fin de reducir las amenazas que para la los
norteamericanos representan la pobreza, las migraciones y la criminalidad de
nuestros países. Resulta evidente que la prosperidad es la vía más adecuada
para combatir tales problemas, pues la mejora en el bienestar material de los
centroamericanos es una condición indispensable para la viabilidad de la Región.
Para lograrlo, es indispensable que los esfuerzos se centren en aumentar la
productividad de nuestras economías.
En efecto, lo que ha permitido que los países
desarrollados sean lo que son, es el acelerado aumento que la productividad de
sus trabajadores logró en los últimos siglos. Hoy un relojero en una fábrica en
Suiza produce mil veces más relojes que los que producía su ancestro hace
trecientos años. Similarmente, la productividad (es decir, la cantidad de
bienes producidos por cada hora de trabajo) de un operario en la industria
estadounidense se ha multiplicado por siete en el último siglo, lo que
significa que ese obrero pude disfrutar de siete veces más ropa, aparatos
domésticos o bienes suntuarios que el típico obrero estadounidense del siglo
diecinueve.
Por desgracia, y en contraste con lo anterior, el
aumento de la productividad en los países del Triángulo Norte centroamericano
ha crecido a ritmos muchísimo más lentos. Un estudio que el economista chileno
Felipe Larraín realizó hace pocos años para Guatemala, encontró que del (ya de
por sí magro) crecimiento promedio del 4% anual que registró el PIB
guatemalteco entre 1950 y 2002, la productividad apenas contribuyó con un
miserable 0.2% anual. Trágico.
Aunque los temas económicos de la inflación, el
déficit fiscal o el tipo de cambio son importantes y reciben gran atención de
las políticas económicas y de los medios de comunicación, en el largo plazo
ningún otro fenómeno económico tiene más impacto sobre la prosperidad y sobre
la capacidad de la sociedad para gastar en hospitales, escuelas y servicios
sociales, que el crecimiento de la productividad. La experiencia de los países
desarrollados demuestra que crecimientos relativamente modestos de la
productividad (digamos, de un 2% anual) pueden multiplicar por más de diez –en
el transcurso de un siglo- la cantidad de bienes y servicios disponibles para
cada ciudadano.
Las diferencias de productividad entre los países
avanzados y los del Triángulo Norte se deben, fundamentalmente, a diferencias
en las capacidades de los trabajadores, por una parte, y a diferencias en el
entorno económico, por la otra. Las diferencias en las capacidades tienen que
ver con la educación y la salud de los ciudadanos –el “capital humano”, que le
dicen-. Un trabajador alemán, generalmente mejor educado, nutrido y con acceso
a servicios de salud de mucha mejor calidad en comparación con un guatemalteco,
va a ser claramente más productivo que éste. Y las diferencias en el entorno
también son cruciales: está demostrado que el mismo trabajador guatemalteco es
mucho más productivo en California (donde se respetan los contratos, el
transporte es confiable, la tecnología es accesible y los criminales son
perseguidos y castigados) que en Guatemala.
De manera que cualquier Alianza para la Prosperidad
debe apuntar a un aumento sensible en la productividad y, para ello, debe
enfocarse en que el gasto público (complementado con el apoyo de los países
cooperantes) se utilice eficientemente, por un lado, en mejorar la educación,
la salud y la nutrición de los ciudadanos; y, por el otro, en mejorar el
entorno económico, lo cual implica aumentar la infraestructura física y el
acceso a la tecnología, así como invertir en las instituciones que propicien la
seguridad ciudadana y la efectiva impartición de justicia.
Sólo aumentando la productividad pueden elevarse la prosperidad social y
los niveles de vida en el largo plazo. Ningún otro factor económico contribuye
más a reducir la pobreza y a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, así
como a potenciar la capacidad del país para financiar la educación, la salud
pública, la preservación del medio ambiente y el fomento de la cultura.
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