¿Un Nuevo Consenso de Política Económica?

La Declaración de Estocolmo no llega a significar un cambio de paradigma en la manera de formular la política económica, ya que los fundamentos y leyes de la Economía siguen siendo los mismos. Sin embargo, plantea algún enfoque novedoso que puede aportar las políticas públicas contemporáneas

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI- reunió a finales del año pasado a un selecto grupo de 13 economistas del todo el mundo para que revisaran si las premisas convencionales que han regido la política económica en los últimos años continúan siendo válidas. La conclusión más importante del cónclave fue que las políticas de estabilización no son suficientes para generar un crecimiento económico incluyente (aunque tampoco han sido, per se, perjudiciales). Con esa obviedad en mente, identificaron ocho principios generales que deben guiar la política económica para el desarrollo y los publicaron bajo el nombre de Declaración de Estocolmo. Veamos.

Primero, “el crecimiento del PIB no es un fin en sí mismo”. Esto es videntemente cierto (no conozco ningún estudio serio que sostenga lo contrario). Sin embargo, la Declaración de Estocolmo reconoce que, aunque no sea un fin en sí mismo, el crecimiento económico es indispensable para proveer los recursos que requiere el bienestar humano: empleo, consumo sostenible de bienes y servicios, techo, salud, educación y seguridad.

Segundo, “la política económica debe promover el desarrollo incluyente”. Esto implica que debe velar porque ningún grupo se quede excluido de los frutos del progreso; ello implica prestar atención a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. De no hacerlo se pondría en riesgo la continuidad del crecimiento económico, pues se generarían tensiones sociales y turbulencias políticas.

Tercero, “la sostenibilidad ambiental es un requisito, no una opción”. Este principio sí es novedoso, pues exige integrar a la política económica convencional medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Cuarto, “necesidad de equilibrar el mercado, el Estado y la comunidad”. Esto implica que, siendo los mercados fundamentalmente instituciones sociales, requieren a veces de regulaciones que les permitan cumplir con su función esencial de asignar los recursos eficientemente y, aunque la Declaración no lo explicita, cae de su peso que lo anterior requiere que existan instituciones (gubernamentales y sociales) eficientes.

Quinto, “propiciar la estabilidad macroeconómica, pero con flexibilidad”. La Declaración reconoce que la estabilidad económica es indispensable para lograr el crecimiento y el bienestar pero, razonablemente, sugiere que las políticas económicas que la propicien deben tener una visión de mediano plazo y no solo perseguir metas de corto plazo. Sexto, “atender el impacto del cambio tecnológico sobre la desigualdad”. Este principio, parecido en intención al segundo principio, reconoce que es inevitable (como lo ha sido a lo largo de la historia) que el cambio tecnológico cause desempleo, aunque sea temporalmente, por lo que deben implementarse políticas que mitiguen tal efecto.

Siete, “las normas sociales, los valores y las actitudes son importantes”, lo cual parece sugerir, por ejemplo, que una sociedad tolerante a la corrupción será menos capaz de lograr el desarrollo sostenible que una sociedad con instituciones fuertes que garanticen la probidad. Y octavo, “la comunidad internacional tiene un rol importante”, especialmente en cuanto a evitar que los países recurran unilateralmente a políticas que restrinjan el comercio, las migraciones o el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En síntesis, la Declaración de Estocolmo no entraña un nuevo paradigma en materia de políticas públicas, sino que simplemente plantea ciertos principios que matizan y actualizan las bases que siempre han regido la correcta formulación de las políticas de desarrollo económico para adaptarlas al mundo contemporáneo.