Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Y Guatemala no está exenta de la tentación de caer en ellas.
Las políticas nacionalistas, proteccionistas y populistas están acechando por todo el mundo, poniendo en peligro los valores y logros que la democracia liberal ha obtenido para la humanidad en el último siglo. Los ciudadanos en la mayoría de países están fatigados del desempleo y de la desigualdad que, inevitablemente, ha ocasionado la globalización y esto lo aprovechan los líderes populistas para vender al electorado sus soluciones mágicas que seducen a las masas, pero que al final del día solo resultan en mayores injusticias e insatisfacciones.
Ese tipo de gobiernos representa una amenaza para las
democracias liberales tanto por sus formas, como por sus consecuencias. Sus
formas incluyen la aplicación de políticas –como los aranceles- que en el corto
plazo acarrean beneficios para su base electoral pero que, en el largo plazo,
dañan el progreso económico. Los populistas proponen “refundar” el Estado y niegan
cualquier avance logrado por sus predecesores; se creen los únicos
representantes del pueblo capaces de defenderlo ante los enemigos externos o
los malvados explotadores internos; recurren al lenguaje soliviantador, añoran
gobernar por decreto y denigran a la prensa independiente.
Pero las consecuencias de esos gobiernos son peores
aún que sus formas. Los regímenes populistas suelen ser macroeconómicamente
irresponsables, despilfarradores, proclives a la corrupción y, casi siempre,
terminan empeorando las condiciones de vida de la población. La historia de
Latinoamérica está repleta de ejemplos (desde
Perón hasta Maduro, pasando por los Fujimori y los Kirchner) de cómo las
políticas del nacionalismo proteccionista son una receta para el fracaso de los
países, pese a lo cual continúan siendo atractivas –y cada vez más- para los
votantes alrededor del mundo. Y Guatemala no está exenta de esa amenaza.
El desafío de contener la amenaza radica en defender
los principios de la democracia liberal y progresista, al tiempo que se impulsa
la indispensable –y muy descuidada- reforma de la infraestructura institucional
y física necesaria para su funcionamiento. Por un lado, hay que reafirmar el
compromiso con el libre comercio y con la globalización, que ha demostrado ser
una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza en el mundo;
sin descuidar, claro está, la atención a los segmentos de la población que
temporalmente resulten perdedores en el proceso, mediante políticas de
educación, empleo y subsidios directos.
Por otro lado, hay que defender los beneficios de una
sociedad abierta al cambio tecnológico, a las migraciones y al progreso, en un
marco de respeto a la diversidad y a los valores cosmopolitas, basado en el
imperio de la ley. Esto incluye una posición definida a favor del mercado y en
contra de los privilegios, lo cual requiere un balance entre mercado y Estado:
tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como lo
explica el Premio Nobel, Jean Tirole: “el Estado y el mercado son
complementarios y no excluyentes. El mercado necesita regulación y el Estado,
competencia e incentivos”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS DE LOS LECTORES: