Guatemala contó con tiempo suficiente para
tener este debate sin las prisas que ahora lo obscurecen y dificultan
El debate que se ha generado en torno a la denominada ley
de promoción de la inversión y el empleo, aunque sano como todo debate que
busque el bien de país, revela en el fondo las enormes debilidades
institucionales, la escasez de datos fidedignos y la falta de previsión con la
que el país tiende a resolver este tipo de desafíos.
Resulta crucial, en primer lugar, tener muy claro que la
promoción de un ambiente favorable para los negocios se alcanza,
principalmente, por medio del establecimiento de un marco jurídico e
institucional que garantice la suficiente seguridad y certeza jurídica para el
resguardo de las inversiones, la libre competencia del mercado, una política
económica ordenada y predecible, y un capital físico (infraestructura) y humano
(salud y educación) adecuados. Estos deberían ser los aspectos prioritarios de
cualquier política pública de promoción de la inversión y el empleo.
En ese sentido, las propias autoridades promotoras de
la iniciativa 4644 han reconocido que esta ley sólo toca una pequeña parte del
andamiaje para la construcción de un ambiente propicio para la inversión y que
no es la panacea milagrosa que por sí sola resolverá los evidentes rezagos de
Guatemala.
Cabe recordar que el Organismo Ejecutivo presentó la
iniciativa de ley en enero de 2013, con el fin de “incentivar las inversiones,
incrementar el empleo y mejorar la competitividad para promover el desarrollo
de las zonas desfavorecidas del país”. En la práctica, persigue dos propósitos:
por un lado, debido a que la Organización Mundial del Comercio –OMC- prohíbe
cierto tipo de subvenciones que el Estado Guatemalteco aún otorga con base en
los decretos 29-89 y 65-89 (leyes de maquilas y de zonas francas), el gobierno
considera necesario impulsar un marco legal que los sustituya; y, por otro,
aprovechando la coyuntura, se busca crear otros incentivos “de nueva generación”
que sean compatibles con la normativa de la OMC que Guatemala está obligada a
cumplir.
Si bien es cierto que, desde el punto de vista
teórico, este tipo de incentivos –que a fin de cuentas son simples privilegios
fiscales- no debería ser el ideal para generar inversiones, también lo es que,
en la práctica, hoy día más de 130 países (miembros de la OMC) tiene en
vigencia alguno de ellos y que en Guatemala han servido para crear al menos 150
mil puestos de trabajo directos.
El debate sobre los costos (pérdidas fiscales) y
beneficios (empleos generados) de los incentivos es sano. El tema de fondo es
que tales incentivos deben ser, por naturaleza, temporales y que Guatemala tuvo
tiempo más que suficiente para tener este debate sin las prisas que ahora lo
obscurecen y dificultan.
Guatemala es miembro de la OMC desde 1995 y todo el
mundo sabía que, conforme a las reglas de dicho organismo en pro del libre
comercio, debían eliminarse los privilegios (subsidios) a las exportaciones a
partir de 2002. Antes de que se venciera el plazo hace doce años, junto con
otros países en desarrollo logró que le la OMC les diera una prórroga de cinco
años, hasta 2007, para desmantelar los subsidios. Al finalizar este plazo, de
nuevo, un grupo pequeño de países –Guatemala entre ellos- que no habían hecho
su tarea, rogó a la OMC y logró de ésta una última e improrrogable extensión
del plazo, que concluye a finales de 2015.
En cada una de esas oportunidades, y durante todos
esos años, se hizo muy poco –casi nada- para que el país cumpliera sus
compromisos con la OMC y se adaptara a la nueva realidad del comercio y la
competitividad internacional. La desidia imperó en todos los estamentos que
debieron preocuparse y ocuparse de tomar las medidas oportunas y no tener que
estar a última hora, como estamos hoy, improvisando las soluciones.
Somos muchos quienes tenemos algún grado de responsabilidad por esa
dejadez de los diez años anteriores: ministros y funcionarios a cargo de las
políticas tributarias, de comercio y competitividad; dirigentes gremiales y
empresariales; tanques de pensamiento, analistas y formadores de opinión;
dirigentes políticos y líderes sociales. Lo sensato ahora sería dejar de lado
los reproches y las descalificaciones, cesar en la búsqueda de ventajas y de
tratos especiales, y en vez de ello centrarse en buscar una salida pragmática y
pronta de este agujero en que nos dejamos caer.
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