La innovación es fundamental para aumentar la productividad; ésta es indispensable para aumentar la producción; y, esto es clave para lograr el bienestar del país. Por desgracia, la innovación no está en el radar de las políticas de Estado
En las dos entregas previas me referí, por un lado, a la
necesidad de propiciar un mayor, más rápido y más sostenible crecimiento
económico -a través de la productividad- como condición fundamental para reducir
permanentemente la pobreza, mejorar los niveles de vida de la población y
propiciar la gobernabilidad democrática del país. Y, por otro, a la
conveniencia de que las empresas y el gobierno se enfoquen en los consumidores
(nacionales y extranjeros) como uno de los más promisorios motores de dicho
crecimiento.
Hoy complemento lo anterior señalando que ambos
aspectos (el impulso del crecimiento económico y el enfoque de la producción
hacia la satisfacción de los consumidores) requieren de la innovación, tanto
por parte de las empresas existentes -en su búsqueda de nuevos productos y
mercados-, como por parte de nuevos emprendedores. Existe consenso
internacional en cuanto a que la innovación es clave para elevar la producción
y la productividad, y que es un ingrediente crucial para que se produzca un
crecimiento económico robusto.
Por desgracia (aunque hay empresas y sectores aislados
que son la excepción) la innovación en la producción es, en general, una
materia que Guatemala lleva retrasada desde hace tiempo. Así lo indican los
indicadores principales: gasto (público y privado) en investigación y
desarrollo, adopción de nuevas tecnologías, crecimiento de productividad del
trabajo, número de patentes registradas para nuevos inventos, o los estándares
educativos prevalecientes.
Las empresas, por supuesto, son las primeras llamadas
a innovar. Ello implica, en la práctica, invertir más en investigación y desarrollo.
En los países avanzados, esta inversión representa el 14% del valor agregado
industrial; de ello, las empresas financian un poco más de la mitad (8%)
mientras que los gobiernos financian el resto. En Latinoamérica -según cifras
del Banco Mundial- ese gasto en investigación y desarrollo es mucho menor (menos
del 4% del valor agregado industrial) y la mayoría es financiada por los
gobiernos. Y, aunque no hay cifras específicas, es dable suponer que en el caso
de Guatemala la cifra es aún más baja.
Hay, entonces, un largo trecho por avanzar; pero para
ello también es mucho lo que el gobierno puede hacer para propiciar dicha
inversión, empezando por acciones que apunten a mejorar el clima de negocios a
efecto de propiciar condiciones favorables al emprendimiento de negocios. Por
más genial e innovador que sea un emprendedor, difícilmente podrá tener éxito
si no opera en un ambiente propicio para desarrollarse y crecer.
En ese sentido, son diversos los campos en los que el
gobierno puede actuar para impulsar la innovación. Por ejemplo, con acciones e
instituciones que velen por el cumplimiento de los contratos, que protejan los
derechos de propiedad intelectual, o que reduzcan los trámites para iniciar
nuevos negocios. También puede contribuir el buen diseño (actualmente en
discusión en el Congreso) de reglas e instituciones que fomenten la competencia
sin inhibir el libre emprendimiento. O la profundización de los esfuerzos de
liberalización del comercio internacional para incentivar que las empresas apunten
hacia nuevos mercados.
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