Certeza Jurídica y Gobernabilidad

Ahora que tendrá lugar la cumbre de los Presidentes del Triángulo Norte de Centroamérca con el Vicepresidente de los Estados Unidos, es de crucial importancia que los temas de fortalecimiento institucional sean incluidos en la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad: sin instituciones fuertes y eficientes no hay prosperidad posible

El pasado viernes vi uno de los diagnósticos más concretos, claros y certeros que se han publicado recientemente sobre cómo la debilidad institucional acarrea incertidumbre y perjudica, así, la generación de empleos y de riqueza. Lo publicó el periodista Mario Antonio Sandoval, como la opinión de un amigo suyo: “Parte de la problemática es la ausencia de Estado. En toda economía, en toda sociedad, se requiere de normas y reglas. Cuando esa estructura sistémica institucional no funciona, sucede lo que enfrentamos: no tenemos pasaporte, no tenemos DPI, las carreteras son prácticamente intransitables; los proyectos de inversión paralizados por amparos frívolo; tomas de carretera y paralizaciones costosísimas; invasiones a propiedades privadas en forma impune. Todo esto genera una ingobernabilidad que hasta el más exitoso empresario no puede sobrellevar para generar riqueza, inversión y empleo. Se profundiza que los pobres son más pobres, pero también hasta los ricos son menos ricos. Y la idea debería ser que haya más ricos y menos pobres. Estamos como estamos porque somos como somos.”

En ese contexto, la lucha contra la corrupción que se ha venido librando desde 2015 resulta necesaria, pero no es, en absoluto, suficiente para propiciar condiciones favorables para la actividad económica y la consiguiente generación de empleos y riqueza. Sin un marco institucional fuerte y eficiente, la persecución penal contra la corrupción solo dará frutos efímeros. Es necesaria una reforma institucional que dé certeza jurídica y gobernabilidad, factores ambos indispensables para un sano desempeño económico.

Una agenda mínima de reformas debería tocar, al menos, cinco áreas fundamentales en las que ya existen propuestas (unas mejores que otras) que podrían servir de base para un acuerdo nacional al respecto. Primero, el sistema electoral, buscando fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, mejorar la representatividad de los funcionarios electos (acercar al ciudadano con sus representantes) y la democratización del sistema.

Segundo, el sector justicia, para fortalecer la independencia de los jueces y magistrados y mejorar la eficiencia del Organismo Judicial. Tercero, el servicio civil, empezando por tener un inventario permanente y actualizado de todos los empleados públicos (para eliminar las plazas fantasmas o redundantes), y siguiendo por reformar los sistemas de carrera que definan los mecanismos de contratación, promoción y remoción de los empleados públicos.

Cuarto, los sistemas de compras y contrataciones del Estado, sobre los que hay que realizar un diagnóstico profundo, actualizar la normativa y los procedimientos, y fortalecer los sistemas de auditoría interna (UDAIs, o unidades de auditoría interna) y externa (Contraloría de Cuentas) para vigilar que el uso de los recursos públicos se realice de manera eficiente, proba y transparente. Y quinto, la regulación de las consultas comunitarias, aprovechando la instrucción de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a emitir una ley que las regule, la cual debería ser de carácter general y reflejar el espíritu y sentido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta agenda acotada de reformas institucionales podría ser la base de un acuerdo nacional para la gobernabilidad y el desarrollo. Pero para que tal acuerdo se concrete, se requiere de gran voluntad política y de diálogo por parte de los guatemaltecos, y del apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional interesada en que nuestro país no se convierta en un estado fallido.