Una Luz de Esperanza

Una inusual alineación de astros ha permitido que en el usualmente paralizado Congreso de la República se haya producido un avance concreto con la emisión de un Dictamen Conjunto de las llamadas leyes de transparencia. Se siente una bocanada de oxígeno cuando hay avances simultáneos en el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional

La corrupción generalizada (en todos los niveles de la sociedad) y la dramática debilidad de las instituciones del Estado (desde los organismos Legislativo y Judicial hasta las instituciones de vigilancia y control) son dos de los lastres más pesados que impiden el progreso de Guatemala. Ambos problemas parecen tan irremontables que a veces nos invade un sentimiento de frustración y angustia que nos lleva a vislumbrar un futuro irremisiblemente fallido para el país.

Por eso se siente como una bocanada de oxígeno cuando se producen, en una inusual confluencia de intereses, avances simultáneos en ambas áreas (combate a la corrupción y fortalecimiento institucional) como el que se produjo en el Congreso la semana pasada: tras un largo proceso de discusión y análisis, con el acompañamiento de tanques de pensamiento e instancias de la sociedad civil, tres comisiones de trabajo del Congreso de la República –las de Legislación y Puntos Constitucionales, de Probidad, y Extraordinaria Nacional por la Transparencia- emitieron el Dictamen Conjunto No. 1-2013 sobre la Iniciativa de Ley No. 4461, que contiene un conjunto de reformas legales en favor de la transparencia en el manejo de los recursos del erario público (es decir, de los recursos provenientes de los impuestos de todos los guatemaltecos).

Dadas las circunstancias en el Congreso (cuasi-paralizado por una interpelación ministerial desnaturalizada) y en la sociedad civil (cada día más polarizada), el acuerdo logrado en torno al referido dictamen constituye un esfuerzo meritorio de negociación política, con un importante componente técnico, que logró concitar consensos –a través de todo el espectro ideológico- en torno al combate a la corrupción. De tal manera que por fin, tras varios meses de espera, el Congreso de la República tiene en sus manos la oportunidad de aprobar reformas esenciales a tres leyes orgánicas de central importancia: la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Las reformas contenidas en el referido Dictamen Conjunto permitirán, entre otros objetivos, impedir que se incurra en la llamada “deuda flotante” al obligar a que todo gasto cuente con el correspondiente respaldo presupuestario; prohibir que ONGs ejecuten obras públicas; sancionar penalmente a quienes incumplan con las normas presupuestarias; y, convertir en normas permanentes diversas disposiciones que anteriormente debían aprobarse anualmente con cada presupuesto (todas ellas reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto). También incluye reformas orientadas a modernizar el mandato de la Contraloría General de Cuentas y explicitar su mandato de fiscalizar a todas las entidades que manejan recursos del Estado, al tiempo que fortalece sus capacidades técnicas y sancionatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas); así como fortalecer la autonomía y eficacia de la Superintendencia de Administración tributaria al permitir la renovación parcial de su Directorio y afinar los mecanismos para el establecimiento de sus metas recaudatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria).

Ciertamente, el contenido de este inusualmente positivo dictamen resulta insuficiente pues, por un lado, solamente incorpora aquellas reformas mínimas que pudieron ser consensuadas políticamente en las tres comisiones signatarias y, por otro, aún deja pendientes otra serie de reformas relacionadas con la transparencia (como las reformas a la Ley de Probidad o a la Ley de Contrataciones del Estado). Sin embargo, es de justicia destacar que las reformas contenidas dicho dictamen constituyen un esperanzador paso adelante en la lucha contra la corrupción y en favor del uso eficiente de los recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos.

Queda ahora en manos del Pleno del Congreso atender el clamor ciudadano por la transparencia y convertir este Dictamen Conjunto –sin alterar el espíritu de su contenido- en Ley de la República, lo que, de lograrse, se traducirá en un mejor y más adecuado uso de los recursos de los guatemaltecos, que es el complemento indispensable que aún le hace falta a la reforma tributaria aprobada el año anterior.