La búsqueda e impulso de una agenda básica de país debería ser la que ocupara los espacios de opinión pública y los esfuerzos del liderazgo nacional, en vez de hacerlo los escándalos de corrupción, racismo e ignorancia con los que nuestros políticos colman las noticias.
La ausencia del Estado, de sus instituciones y de sus
servicios básicos en amplias áreas del territorio guatemalteco es uno de los
desafíos centrales para lograr el desarrollo económico-social del país y
mejorar el bienestar de su población. Desde el punto de vista económico la ausencia
del Estado, y la pobre institucionalidad en general, generan un campo fértil
para la ingobernabilidad y la violencia que ahuyenta la inversión de todo tipo,
incluyendo la inversión en capital humano y en instituciones.
La presencia del Estado explica en gran medida el
contraste que muestra la evolución de países como Corea del Sur o China, por
ejemplo, con gobiernos políticamente estables y protectores de la propiedad y
la seguridad ciudadana que han logrado niveles de inversión y crecimiento
suficientes para reducir significativamente la pobreza, en comparación con
países como Guatemala que muestran escasos avances en materia de productividad
y combate a la pobreza.
Es sabido que existe un muy reciente análisis
elaborado en el Ministerio de Finanzas Públicas en el que se mapea la provisión
de servicios públicos esenciales (de salud educación, seguridad, etcétera, que
valen como indicadores de la presencia o ausencia del Estado) en el territorio
nacional y se compara con los indicadores de pobreza en las distintas regiones.
El resultado (que no tiene que sorprender a nadie) es que los indicadores de
pobreza son más agudos en aquellas áreas donde el Estado está más ausente.
Tales hallazgos solo refuerzan la evidente necesidad
de que el gobierno, con carácter de urgencia, impulse y adopte un marco muy
preciso de políticas públicas básicas que guíen su accionar para propiciar un
aumento sensible en la productividad, el crecimiento económico y el bienestar,
a sabiendas de que muchas políticas de carácter estructural enfrentarán la
oposición de las fuerzas ocultas que no quieren que cambie nada, de los
populistas que se inclinan por soluciones baratas pero insostenibles y de
quienes desean mantener viva la confrontación ideológica que tanto daño ha
causado a Guatemala.
Resulta imprescindible identificar áreas clave de
acción –como la nutrición, la educación, la salud, la infraestructura y el
sistema de justicia- que impacten positivamente en la capacidad productiva del
país y propicien un aumento en el nivel de ingresos de la población. Este tipo
de políticas públicas, por supuesto, no genera resultados instantáneos: no se
puede cosechar el mismo día que se siembra. Por ello se requiere de liderazgo
político que sepa comunicar a la ciudadanía (y a los contribuyentes) los
sacrificios que deben hacerse en el corto plazo para lograr los beneficios de
largo plazo.
La búsqueda e impulso de una agenda básica de país
debería ser la que ocupara los espacios de opinión pública y los esfuerzos del
liderazgo nacional, en vez de hacerlo las historias chuscas y los escándalos
cotidianos de diputados, funcionarios y exfuncionarios públicos. Por fortuna,
la reforma del sector justicia parece, ¡por fin!, ser uno de los temas de
Estado que tanto hacen falta debatir e impulsar.
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