La Corrupción y el Debilitamiento de las Instituciones

Es mentira que el combate frontal a la corrupción debilita la eficiencia en la administración pública. Sería un craso error admitir que puede tolerarse un poco de corrupción a cambio de que la administración pública no se vea paralizada. La actitud correcta debe ser la de tolerancia cero a la corrupción.

Hace algunas semanas leí y escuché, no sin asombro, a algunos analistas políticos que se preguntaban si la lucha contra la corrupción que el país está librando desde abril de 2015 estaba ocasionando -como un daño colateral imprevisto- un debilitamiento de la institucionalidad pública. Nada más alejado de la verdad. Creo -al contrario de lo que dicha duda sugiere- que la lucha contra la corrupción y las instituciones se fortalecen mutuamente.

Por un lado, cualquier esfuerzo organizado para luchar contra la corrupción sólo puede ser exitoso si las instituciones que lo impulsan son efectivas; esto implica que la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público, la policía y los juzgados involucrados deben estar coordinados y ser eficientes. Por otro lado, mientras más efectivo sea el combate a la corrupción, más eficientes serán no solo estas instituciones directamente encargadas de llevar a cabo tal combate, sino el aparato estatal entero.

Quizá sea cierto que, en algunos casos, las batallas que se han librado en meses reciente contra el cáncer de la corrupción hayan podido ocasionar una ralentización en el -ya de por sí lento- desempeño de la burocracia pues, hasta antes de las acciones emprendidas por la CICIG y el Ministerio Público en contra del robo al erario público, no era habitual que en los actos de la administración se velara por el cumplimiento estricto de ciertos estándares de transparencia y se respetaran estrictamente las normas y regulaciones vigentes. Al tenerse más cuidado ahora en estos aspectos, algunos procesos estatales pudieron haberse entorpecido. Pero seguramente, a mediano y largo plazo, si la lucha contra la corrupción tiene éxito, las instituciones se verán fortalecidas y el funcionamiento del aparato estatal será, a la larga, más efectivo.

Sería un craso error admitir que puede tolerarse un poco de corrupción a cambio de que la administración pública no se vea paralizada. La actitud correcta debe ser la de tolerancia cero a la corrupción. Pero, paralelamente a una profundización de la estrategia anti-corrupción, deben ampliarse los esfuerzos de fortalecimiento de las instituciones del Estado. Tales esfuerzos implican, en primer lugar, la revisión y puesta al día de los marcos que rigen el quehacer de dichas instituciones.

Lo anterior demanda un esfuerzo tanto del Organismo Ejecutivo (a nivel de reglamentos) como del Legislativo (a nivel de leyes) para dotar a las instituciones de marcos regulatorios adecuados para ser efectivas. Los elementos clave de un buen marco regulatorio institucional incluyen: claridad respecto del mandato de cada institución (sus fines y funciones, y las herramientas para lograrlos); su estructura de gobernanza interna, incluyendo sus pesos-contrapesos internos y sus sistemas de rendición de cuentas; su grado de autonomía operativa y financiera (para blindarlas de influencias de grupos de poder o de interferencias políticas); y, los criterios de elegibilidad, así como las normas y procedimientos para el nombramiento y remoción de sus autoridades.

Además del marco regulatorio, las instituciones estatales requieren de un cuerpo de tecnócratas técnicamente capaces y debidamente remunerados lo cual, evidentemente, implica una profunda reforma del sistema del servicio civil nacional. Esto, al igual que el esfuerzo completo de fortalecimiento institucional, reclama de un liderazgo político firme y decidido. El primer paso debería ser, con carácter de urgente, el censo de empleados públicos anunciado por el Presidente en los primeros meses de su mandato. Lamentablemente, de dicho censo aún no se ha sabido nada.