UN SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE ES ESENCIAL PARA LA
PAZ SOCIAL, LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y EL DESARROLLO
Los sistemas de justicia están bajo ataque en muchos
países, especialmente en aquellos gobernados por líderes populistas autoritarios
-de izquierdas o derechas-. En Israel, el primer ministro Netanyahu desencadenó
una grave crisis de gobierno al proponer una ley que le daría al Parlamento (y
por tanto a los políticos) un gran control sobre el poder judicial, desde cómo
se selecciona a los jueces hasta sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal
Supremo, pasando incluso por otorgar al Parlamento el poder de anular
decisiones judiciales.
En Hungría, el primer ministro Orbán ha limitado la
independencia del Organismo Judicial, al punto que la Unión Europea lo persona
con sanciones para que dé marcha atrás con esas reformas. En México, López
Obrador se está enfrentando con el poder judicial debido a su polémica
propuesta para reducir la independencia de la autoridad electoral. En El
Salvador, Bukele sacó a más de la tercera parte de todos los jueces y nombró
una corte suprema afín a sus intereses. Puede ser que en todos estos casos
existan justificaciones para reformar los sistemas judiciales ineficientes y
obsoletos que suelen existir en nuestros países. Pero nada justifica atacar la
independencia judicial: un sistema basado en jueces independientes y profesionales
es esencial para la paz social, la eficiencia económica y el desarrollo
integral de cualquier país.
En efecto, un sistema de justicia eficiente e
imparcial ayuda a reducir los conflictos y el malestar social al garantizar que
las disputas se resuelvan de manera justa y equitativa. Un poder judicial
independiente también ayuda a prevenir los abusos de poder por parte del
gobierno, que pueden conducir a la ruptura de la estabilidad social y política.
Además, un sistema de justicia que funcione bien es esencial para el
crecimiento económico, pues ayuda a promover la inversión y la confianza
empresarial, pues es más probable que los inversores inviertan en países con un
sistema legal fuerte y confiable. Un sistema de justicia eficiente también
ayuda a resolver disputas comerciales de manera rápida y efectiva, reduciendo
los costos de transacción y facilitando la actividad económica. Un sistema con jueces
profesionales e independientes es la piedra angular del estado de derecho, que
garantice que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos rindan cuentas
por sus acciones y que se protejan sus derechos y libertades. Esto, a su vez,
crea un entorno de certeza jurídica en el que las personas pueden perseguir sus
objetivos y aspiraciones, y donde la innovación y el espíritu empresarial
pueden florecer.
Para un país como Guatemala, donde el sistema de
nombramiento de jueces y magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de
Constitucionalidad y del propio Tribunal Supremo Electoral) es muy frágil y
proclive a caer bajo la influencia de los políticos que los nombran, es
necesario cobrar conciencia de que un sistema de justicia basado en jueces
independientes y profesionales es esencial para promover la estabilidad,
reducir la corrupción y propiciar el crecimiento económico.
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