¿Qué impide que en Guatemala surjan más empresas
nuevas, crezcan más las que ya existen y se generen más oportunidades de
trabajo? Cuando se les pregunta a los empresarios chapines cuáles son los
factores más problemáticos para hacer negocios, las culpas no recaen en
factores macroeconómicos (como podrían ser tasas de interés elevadas, poco
acceso al crédito, alta inflación, impuestos altos o inestabilidad cambiaria),
sino que en una serie de factores (criminalidad, corrupción, ausencia de
políticas públicas, baja calidad de los servicios gubernamentales) que revelan una
enorme debilidad de las instituciones del Estado y que han sido el principal
obstáculo para hacer negocios en el país durante las últimas dos décadas.
La debilidad e incapacidad de las instituciones deriva
en una gobernanza endeble y disfuncional que socava las posibilidades de
desarrollo económico. La pobre gobernanza conlleva una inadecuada provisión de
servicios públicos básicos, tanto en materia de salud y educación –base del
capital humano que el país requiere-, como de seguridad, justicia e infraestructura
-indispensables para un eficiente intercambio de bienes y servicios-. Lo
anterior, aunado a una elevada precepción de corrupción, le resta al gobierno
la credibilidad necesaria para recaudar los recursos tributarios que, a su vez,
se requieren para financiar los referidos servicios públicos que la economía
reclama para funcionar bien.
En segundo lugar, la debilidad institucional disminuye
la productividad del país pues hace que las empresas sean menos eficientes y
tengan menos incentivos para crecer e innovar. Además, la débil gobernanza provoca
que la infraestructura física sea insuficiente e ineficiente, lo que limita la
productividad de las empresas. Y, encima de eso, el hecho de que las
instituciones estatales sean ineficientes conlleva un incremento en el costo de
hacer negocios y hace que la obtención de retornos sobre cualquier inversión
sea muy incierta, lo cual desincentiva a los inversionistas nacionales y
extranjeros.
Las calificadoras internacionales de riesgo-país
también coinciden en que la debilidad institucional es el principal factor de
riesgo de Guatemala y que la fragilidad de la gobernanza está más acentuada en
las áreas del imperio de la ley y de la efectividad del gobierno, cuyos
indicadores no han mejorado en los últimos diez años. No resulta sorprendente,
entonces, que la formación de capital fijo (inversión en infraestructura y
maquinaria) esté estancada desde hace muchos años en cifras que no logran
exceder del 15 por ciento del PIB, porcentaje significativamente más bajo no
solo que el promedio mundial y el latinoamericano, sino más bajo también que el
de todos nuestros vecinos centroamericanos.
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