La importancia del poder ciudadano radica en que una ciudadanía activa –política y comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
Hace pocos días se publicó la primera edición del
Índice de Empoderamiento Cívico de las Américas –ACE- para 2018, elaborado por
The Economist Intelligence Unit (una empresa especializada en análisis de
inteligencia estratégica) y por Humanitas360 (tanque de pensamiento que
promueve el cambio en Latinoamérica mediante la participación ciudadana). El
índice intenta medir la capacidad de la ciudadanía de influir sobre las
decisiones de gobierno, pues una ciudadanía activa –política y
comunitariamente- puede presionar a que los gobiernos rindan cuentas y tomen
medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para medir dicha capacidad, el índice ACE estima 22
indicadores agrupados en tres dimensiones del empoderamiento ciudadano: (1) el
ambiente que lo habilita –el marco legal, social y educativo que permite a las
personas participar en la vida social-; (2) su situación objetiva –indicadores
de participación ciudadana en la vida política y comunitaria-; y, (3) la
percepción pública respecto a tal empoderamiento –cómo se siente la gente
respecto a su rol en la vida política y comunitaria-. El hecho de que Guatemala
sea uno de los siete países para los cuales se calculó esta primera edición del
índice –junto con Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México- es
indicativo de lo relevante que nuestro país se ha convertido, desde las
protestas que culminaron con la salida del binomio Pérez-Baldetti en 2015, como
referente en materia de participación ciudadana y cambio social.
Tanto en el índice total, como en la calificación de
cada una de sus tres dimensiones, Estados Unidos obtiene, por mucho, la mejor
calificación, lo que implica que en Latinoamérica aún tenemos un largo camino
por andar en materia de participación ciudadana. De los restantes seis países
latinoamericanos, Chile es el mejor calificado, mientras que Guatemala ocupa el
último lugar, aunque con la salvedad de que Venezuela no obtuvo una
calificación global por falta de datos confiables, por lo que probablemente
nuestro país califique mejor que Venezuela en varios indicadores.
Los indicadores que perjudican la calificación de
Guatemala se refieren a aspectos tales como el acceso general a la educación y
a la salud, la elevada criminalidad, la baja participación ciudadana en
peticiones y la elevada percepción de corrupción. También tiene bajas
calificaciones en materia de representación de minorías en los poderes del
Estado, de falta de confianza en las instituciones gubernamentales y de falta
de controles sobre abusos de las fuerzas policiales.
A pesar de que Guatemala tiene bajas puntuaciones, muestra
aspectos positivos del empoderamiento cívico en indicadores tales como la
presencia de elecciones libres y justas, y la capacidad de formar libremente
organizaciones políticas y cívicas (aunque este último indicador podría
perjudicarse si la Ley de ONGs que ahora se discute en el Congreso incorporase
aspectos contrarios al libre funcionamiento de las organizaciones cívicas).
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