UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN

 EL CES PODRÍA JUGAR UN ROL FUNDAMENTAL PARA IMPULSARLA

 La semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó un informe económico sobre Centroamérica en el que aborda cómo enfrentar, desde las políticas públicas, los problemas de desigualdad y descontento social generados por la pandemia. El informe del BID enfatiza, para el caso de Guatemala, la necesidad de implementar una estrategia de reactivación económica que mejore la dinámica socioeconómica en el mediano plazo. Resulta muy oportuno, entonces, que el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- haya publicado (también hace pocos días) una propuesta de Plan de Reactivación Económica y Social -PRES-.

 La propuesta del CES, además de oportuna, tiene la virtud de complementar una serie de políticas puntuales que ya han sido discutidas y recomendadas en otros foros (como una política nacional de competitividad, medidas para el desarrollo rural, acciones para mejorar la conectividad, o políticas de empleo digno y de descentralización) con un planteamiento de componentes estructurales (que incluyen un sistema nacional de información, la reforma del servicio civil, la mejora en la transparencia y calidad del gasto público, y la sostenibilidad de las finanzas públicas) sin los cuales cualquier intento de reactivar la economía tendría resultados efímeros.

 Si bien el planteamiento del CES es un buen punto de partida para estructurar la estrategia de reactivación que el país necesita, también lo es que dicho PRES está planteado aún en términos muy generales que requieren de un esfuerzo adicional de priorización y de definición de detalles al nivel medidas de política pública más concretas: es necesario explicitar y priorizar las reformas de fortalecimiento institucional que permitan revertir la enorme ineficiencia del Estado para ejecutar sus funciones de una manera medianamente eficiente. El propio informe del BID hace hincapié en el imperativo de fortalecer la institucionalidad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y reformar su marco regulatorio, a fin de generar un clima favorable para hacer negocios y reducir los obstáculos que impiden la inversión, la competencia y la adecuada provisión de bienes públicos esenciales, lo que contribuiría a disminuir los niveles de pobreza y de insatisfacción social existentes.

 Para que los componentes del plan propuesto por el CES sean viables, deben incluir explícitamente propuestas de reforma institucional: un sistema nacional de información requiere reformar el INE; el sistema de servicio civil implica reformar la ONSEC; mejorar la calidad del gasto requiere reformar la Contraloría de Cuentas; las políticas económicas, de conectividad, de descentralización o de empleo necesitan de un marco de certeza jurídica que implica reformar los sistemas judicial y de partidos políticos. El desafío que tiene ante sí el CES es no solo el de concitar, en torno a su PRES, un diálogo que incluya la reforma funcional del Estado, sino que conducirlo en el entorno de confrontación y desconfianza que hoy enrarece el clima de gobernabilidad. Por su conformación y mandato, quizá sea el CES uno de los pocos entes que quedan en el país con posibilidades de liderar tal esfuerzo.