Otro Enorme Agujero Fiscal

El primer paso que hay que dar es poner orden administrativo y obedecer el mandato legal de establecer un fondo específico alrededor del cual se transparente el manejo del régimen de clases pasivas del Estado

Por si los problemas fiscales de la coyuntura fueran pocos (falta de un presupuesto aprobado, resolución de la Corte de Constitucionalidad obligando a aumentar los gastos, poco dinero en caja) existen diversas contingencias fiscales que, tarde o temprano, pueden generar severos problemas a las finanzas públicas. Una de esas contingencias amenaza con convertirse en un gigantesco agujero financiero: el pago de las pensiones a los jubilados del estado. De hecho, este problema potencial que, hasta hoy, parece estar escondido en las cuentas gubernamentales, está ya generando un importante desequilibrio.

El Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado es un esquema de reparto simple, o sea que lo que los trabajadores aportan mes a mes es utilizado para pagar las pensiones de los trabajadores ya retirados. Por desgracia, ante la deficiencia de los aportes provenientes de los trabajadores activos en relación con los pagos a las clases pasivas, el régimen es deficitario y, año con año, debe ser financiado con los impuestos que pagamos el resto de guatemaltecos. El régimen es insostenible por diversas razones que van desde las generosas condiciones para acceder a las jubilaciones, hasta el insuficiente aporte de los trabajadores, pasando por la falta de un fondo específico que pueda invertir sus reservas para obtener rendimientos, así como por los enormes problemas de gobernanza de las pensiones estatales.

El año pasado, el monto pagado por pensiones a las clases pasivas sobrepasó los Q5.1 miles de millones, de los cuales solo el 45% fue cubierto con las cuotas (laborales y patronales) de sostenimiento; el resto se cubrió con impuestos. El monto destinado a financiar el déficit anual del régimen es enorme: representa el doble del presupuesto del Ministerio de Agricultura y es superior al monto asignado al Ministerio de la Defensa. El déficit del régimen está, además, creciendo rápidamente.

Es de destacar que el artículo 64 de la Ley de Clases Pasivas del Estado indica que, para garantizar la permanencia del régimen, el gobierno debe crear un fondo a ser administrado conforme a un reglamento específico; sin embargo -como tantas otras disposiciones legales vigentes-, este mandato legal se incumple impunemente. La ausencia de un fondo que sustente el régimen no solo impide que este genere reservas (al contrario, ha generado reservas negativas que deben cubrirse anualmente con impuestos), sino que también incide en la falta de una gobernanza funcional y eficiente que administre los recursos destinados a las pensiones estatales.

El régimen de clases pasivas tiene, además, otra serie de debilidades en materia de control y registros (que provocan que se paguen pensiones indebidamente) y otras prácticas que también van en detrimento de las finanzas estatales (como los abusos que se cometen al heredar las pensiones a supuestos parientes del jubilado o el hecho de que se le ha endosado al régimen el pago de pensiones de otros sistemas como los de GUATEL o el IPM). Ciertamente, la reforma del régimen de clases pasivas es difícil, pero también es necesaria y urgente; el primer paso que hay que dar es poner orden administrativo y obedecer el mandato legal de establecer un fondo específico alrededor del cual se trasparente el manejo del régimen de clases pasivas del Estado.