Reformar el Servicio Civil

 MODIFICAR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL ES UNA CONDICIÓN NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE

 Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en un foro auspiciado por el G-13 (instancia de coordinación de los principales países y agencias donantes) acerca del fortalecimiento del sistema del servicio civil en nuestro país. De dicho foro, donde además del Ministro de Trabajo participaron algunos diputados y tanques de pensamiento, surgen dos buenas noticias. La primera es que resultó reconfortante escuchar de parte del Ministro de Trabajo un diagnóstico claro y completo de la situación del Empleo Público en Guatemala, así como una serie de propuestas pragmáticas, realistas y graduales para empezar a solucionar los múltiples problemas que aquejan al servicio civil, entendiendo que el mismo es un sistema cuya reforma requiere de acciones en múltiples frentes.

 La segunda buena noticia fue el interés manifestado por la comunidad internacional en apoyar la modernización del sistema nacional del servicio civil. Para ello, un paso clave es que los distintos liderazgos del país cobren conciencia de la importancia crucial de dicha reforma. Diversos estudios demuestran que el fortalecimiento del servicio civil impacta notablemente en las capacidades del Estado para mejorar la calidad de las políticas públicas, la prestación de los servicios públicos esenciales y la gestión de los recursos (financieros, físicos, técnicos e informáticos), además de mejorar la gobernabilidad y de reducir la corrupción.

 Uno de los temas destacados en el foro fue que la reforma a la Ley del Servicio Civil es solamente una pieza (clave, eso sí) de las múltiples acciones requeridas. La reforma legal es, podríamos decir, una condición necesaria pero no suficiente para reformar el sistema del empleo público, concebido como un conjunto de normas, estructuras, políticas y prácticas institucionales que propicien una administración pública profesional y eficaz. Si bien algunas de las reformas necesarias planteadas en el foro pueden empezar a aplicarse a nivel administrativo, muchas de ellas deben blindarse a nivel legislativo, lo que implica -entre otras- modernizar la actual Ley del Servicio Civil.

 La reforma debe enfocarse en ciertos objetivos esenciales: situar el mérito como norte del sistema; fortalecer y dotar de independencia a la actual Oficina Nacional del Servicio Civil; profesionalizar la carrera administrativa; crear un sistema especial para gestionar el recurso humano a nivel de directores y gerentes públicos; regular el marco de las negociaciones colectivas con los empleados públicos; privilegiar la eficiencia sobre la antigüedad; y, sistematizar procesos de evaluación del desempeño de los trabajadores. La iniciativa del Ministerio de Trabajo y el apoyo de la comunidad internacional son un buen comienzo. Falta, sin embargo, la pieza más importante: el compromiso del Congreso de emprender un proceso legislativo de reforma serio y profesional que este tema amerita.