Enorme Retroceso

 LAS RECIÉN APROBADAS REFORMAS A LA LEY DE COMPRAS CARECEN DE CUALQUIER FUNDAMENTO TÉCNICO

Para congraciarse con un grupo de alcaldes, el Congreso recién reformó la Ley de Contrataciones del Estado. Según la exposición de motivos del Decreto 4-2021, la justificación fue la necesidad de agilizar los procesos de adquisición (especialmente en las municipalidades). Sin embargo, lo único que se aprobó fue un desproporcionado aumento de los montos límite para comprar sin licitación, lo que implica que la mayor parte de procesos quedarán ahora fuera de los controles previstos en la ley, lo que abre las puertas a la discrecionalidad y a la opacidad. El Decreto 4-2021 es un auténtico retroceso en materia de transparencia y calidad del gasto público.

Con la reforma aprobada, el límite máximo para que las entidades públicas puedan realizar compras “de baja cuantía” se eleva en 400 por ciento (de Q25 mil a Q75 mil), y para realizar compras “directas”, en 222 por ciento (de Q90 mil a Q175 mil). Dado que la inflación acumulada en los cinco años transcurridos desde la última reforma la Ley de Contrataciones no supera el 25%, resulta evidente que los nuevos porcentajes aprobados por el Congreso carecen de cualquier fundamento técnico.

Si hasta ahora las municipalidades adquirían más del 50 por ciento de sus suministros y servicios fuera de los mecanismos de cotización y licitación, con esta reforma adquirirán así más del 90 por ciento de ellos. Lo que espanta es que en las compras de baja cuantía y en a compras directas se pierde la mayoría de mecanismos de control de la calidad y transparencia del gasto público: no hay competencia entre oferentes, no hay bases de oferta, no hay registro de proveedores, no se suscriben contratos para resguardar al Estado en caso de incumplimiento, ni existe la prohibición de realizar compras fraccionadas. El decreto aprobado contiene retrocesos graves en materia de resguardo de la calidad del gasto público y transparencia, con lo que la Ley de Contrataciones solamente servirá para las grandes licitaciones y el contrato abierto.

Las verdaderas causas de la ineficiencia en las compras y contrataciones de las municipalidades (y de las demás dependencias públicas) tiene menos que ver con la Ley de Contrataciones que con otros tres aspectos clave: primero, la incapacidad de los funcionarios de planificar su presupuesto (debido a la incorrecta aplicación de la Ley Orgánica del Presupuesto); segundo, su incapacidad de llevar a cabo procesos ordenados y transparentes de adquisiciones (debido a la baja calidad del servicio civil); y, tercero, la incertidumbre y temor de los funcionarios de incurrir en multas (muchas veces arbitrarias) por parte de la Contraloría (debido a la enorme debilidad institucional de dicha ente). El Presidente aún está a tiempo de vetar el Decreto 4-2021; esperemos que sus asesores en materia de Finanzas Públicas le den el consejo más adecuado.