¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?

NADIE SABE A CIENCIA CIERTA CUÁNTOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAY EN GUATEMALA

Según el proyecto de presupuesto del Estado para 2023, más de Q33 mil millones se destinarán al pago de remuneraciones, lo que equivale a más del 28% del total del gasto gubernamental. El mayor componente del gasto público es la masa salarial, la cual ha mostrado una tendencia creciente y genera una gran presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se sabe que los sectores que han impulsado el gasto salarial del gobierno son los de educación y salud. Y se sabe que buena parte del aumento continuo de la masa salarial se debe a incrementos salariales que no tienen relación con mejoras en los resultados y que responde a la suscripción de diversos pactos colectivos Lo que nadie sabe, sorprendentemente, es el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente.

Como nadie en el aparato estatal sabe a ciencia cierta esos datos, la gestión del recurso humano en el gobierno es un caos -desde el punto de vista administrativo- y una bomba de tiempo -desde el punto de vista financiero-. Antes de la pandemia, en noviembre de 2019, el INE dio a conocer los resultados de un llamado Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018, en el que se estableció que, en un momento dado, había 292,753 servidores públicos. Según se publicó en algunos medios de comunicación, el entonces presidente Jimmy Morales desaprobó ese “censo”, ya que la cantidad de funcionarios sin censar y la tardanza en publicar el informe generaron serias dudas.

Pero, en todo caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente. Si es inexplicable que el Ejecutivo no cuente con la información precisa del número y características de su plantilla de empleados, también lo es que la Contraloría de Cuentas y el Congreso de la República -entidades que por antonomasia deben ejercer una función de fiscalización- no hayan, desde hace años, puesto el grito en el cielo por esta situación ni estén velando porque se cuente con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. Para empezar, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENÓMINAS y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos, adoptando estándares internacionales para garantizar la calidad de la información sobre la nómina de empleados públicos. Por su parte, los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios. De lo contrario, la gestión de recursos humanos en el Estado seguirá siendo caótica.