Ha concluido la primera mitad del periodo gubernamental. En materia de política económica, no es necesario recurrir a mega-soluciones
ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante al país
El tercer año de cada gobierno, como el que se inicia
hoy, ha sido decisivo en la era democrática para que la respectiva
administración defina su legado en materia de política económica. A estas
alturas de su mandato, las autoridades electas ya saben aquilatar cuáles son
sus verdaderas posibilidades y fortalezas, así como las restricciones que
enfrentan. Puestos a elegir las áreas en las cuales enfocar los esfuerzos en la
segunda mitad de su gestión, el reto más difícil es el de abandonar la
tentadora y facilona visión de corto plazo que busca obtener réditos
electorales y adoptar en cambio un enfoque de Estado en función de dejar un
legado perdurable a la Nación.
Una vez superado ese reto crucial, no es necesario
recurrir a mega-soluciones ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante
al país y dejar una huella trascendente. Aunque es difícil de aceptar, nada de
lo que haga el gobierno hará que la economía crezca más allá de un 3.5% anual
en los dos próximos años, pues esta es la lentísima velocidad a la que, en el
mejor de los casos, puede aspirar a crecer nuestra economía que cada día se
rezaga más respecto de otras economías similares que sí han hecho sus tareas.
Esas tareas requieren simplemente de administrar la
cosa pública con perseverancia, paciencia, disciplina y enfoque en los temas
fundamentales. La priorización de la acción pública en las áreas clave pasa, en
primer lugar, por propiciar un ambiente adecuado para que los guatemaltecos
tomen decisiones económicas razonables. Ello implica un mínimo de condiciones
de seguridad, justicia y gobernabilidad.
En efecto, la criminalidad desenfrenada desincentiva
las inversiones, incrementa los costos operativos de las empresas y desvía
gastos de gobierno que podrían usarse para atender otras necesidades económicas
y sociales. Ello demandará acciones en materia de fortalecer a la policía y a
los tribunales, así como de profundizar la línea de política exterior que
impulse un tratamiento alternativo para combatir el narcotráfico, primera causa
del crimen organizado. La gobernabilidad también demandará esfuerzos para tener
un Organismo Legislativo eficiente e independiente del Ejecutivo, como debe ser
en una República.
En segundo lugar, la estabilidad macroeconómica de la
que hemos gozado durante varios años no debe darse por garantizada. Hay que protegerla
y fortalecerla evitando caer en déficit fiscales crecientes, impidiendo
endeudamientos públicos gravosos y respetando la autonomía del banco central en
materia de política monetaria.
La calidad del capital humano (la educación y la salud
de la población) es un tercer aspecto que debe privilegiarse en una agenda de
Estado: con resultados tan desastrosos como los que muestran las pruebas de
calidad educativa publicadas recientemente por el Ministerio de Educación será
imposible mejorar a largo plazo la productividad del país. De manera similar, la
escasa e inadecuada infraestructura física (especialmente carreteras
secundarias) es un cuarto factor que restringe las posibilidades de un
crecimiento económico más sano y que, por ello, debe atenderse como prioridad.
Si el Estado no invierte más y mejor en educación,
salud e infraestructura, poco se mejorará la productividad requerida para
atender los muchos problemas sociales del país; y esa inversión no puede
hacerse sin ingresos fiscales, por lo que una quinta área de prioridad debe ser
la simplificación del sistema tributario y la ampliación de su base, en parte
mediante la inclusión de la economía informal al circuito tributario.
Finalmente, es menester reducir la frustración social
respecto de la calidad de los servicios públicos y las ineficiencias del Estado
para lograr la paz social que se necesita para lograr un buen desempeño
económico. Ello exige, urgentemente, reducir los enormes niveles de corrupción
con medidas concretas y tangibles que trasciendan los discursos electorales.
Poner los pies sobre la tierra, trabajar con perseverancia y enfocarse
en estas seis áreas prioritarias (seguridad y clima de negocios; estabilidad
macro; capital humano; infraestructura de comunicaciones; ingresos fiscales; y,
transparencia y anticorrupción) es la clave para construir una política
económica coherente y perdurable que se constituya en un auténtico legado para
el país.
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