El pacto social sobre cuyas precarias bases se desarrolla la vida política y económica del Estado Guatemalteco está amenazado por el círculo vicioso que se configura alrededor de la pobre recaudación fiscal y de la pésima calidad (y opacidad) de los servicios públicos esenciales
El Banco Mundial diseña periódicamente (en
coincidencia con los periodos de gobierno) una “estrategia de alianza con el
país” para orientar sus operaciones con Guatemala. La más reciente estrategia
(para el periodo 2013-2016) parte de un diagnóstico que describe dos
características esenciales de la economía guatemalteca. Por un lado, el
desempeño económico de Guatemala muestra una notable estabilidad, como
resultado de políticas macroeconómicas prudentes, a pesar de la debilidad de
las instituciones democráticas. Pero, por otro lado, los elevadísimos niveles de
pobreza reclaman con urgencia que se acelere el ritmo de crecimiento y que se
asegure que éste sea más incluyente.
El diagnóstico destaca, entre otros aspectos, la
lentitud con la que crece la economía guatemalteca y la enorme desigualdad
social reflejada en los dispares niveles de consumo. También señala que los
elevados índices de delincuencia y violencia son una amenaza grave para el
desarrollo del país y obstaculizan los esfuerzos del gobierno en materia de
combate a la pobreza.
Tomando en cuenta esa situación, el Banco plantea como
objetivos de su estrategia de país, por un lado, fortalecer las políticas
públicas de desarrollo social y, por otro, la promoción del crecimiento
económico incluyente y sostenible; con ello busca apoyar los esfuerzos que el
gobierno afirma estar haciendo para mejorar el potencial de crecimiento
económico y avanzar hacia una sociedad más equitativa.
Para ello, sin embargo, el Banco Mundial recalca que
el nivel de ingresos del estado resulta insuficiente, pues estructuralmente no
logra movilizar recursos adecuados para fomentar el desarrollo y las políticas
sociales. Y aunque el Banco reconoce que las medidas de política fiscal y
administrativas que se aprobaron el año pasado tendrán un impacto positivo en
el mediano plazo, resulta evidente que es precisamente la debilidad del Estado
–tanto en lo fiscal como en lo institucional- el factor que pone en riesgo la
consecución de los ambiciosos objetivos planteados en la referida estrategia, tal
como otro estudio del propio Banco Mundial lo sugiere.
En efecto, un reciente estudio publicado por dicho
organismo multilateral, titulado “La movilidad económica y el crecimiento de la
clase media en América Latina”, señala que el gran crecimiento que la clase
media ha experimentado en la Región en los últimos años está en peligro, debido
a la fragilidad del pacto social que apenas se está construyendo y que da
sustento a dicha movilidad social. Ello implica que los beneficios que se
derivan de una tener una clase media creciente (que incluyen la posibilidad de
un mayor crecimiento económico basado en el mercado interno, y la existencia de
una sociedad más igualitaria, que también es propicia para un mejor desempeño
económico) están en riesgo de perderse ante la imposibilidad de concretar un
pacto social que implique el sostenimiento del Estado y de sus instituciones
por parte de la ciudadanía.
La principal amenaza contra dicho pacto social es lo
que el estudio del Banco llama “el círculo vicioso de los impuestos bajos y la
mala calidad de los servicios” que, aunque referido a toda Latinoamérica,
parece describir a detalle lo que ocurre en Guatemala. La baja recaudación
tributaria es un factor que, junto con la ineficiencia y la corrupción, impide
que el Estado cumpla con su obligación de prestar servicios básicos (salud,
educación, seguridad e infraestructura) a la población.
Cuando los ciudadanos de clase media no reciben a
satisfacción estos servicios, optan por desvincularse del Estado y
auto-proveerse tales servicios. Ello entraña una ruptura de su identidad
ciudadana y se traduce en una bajísima moral tributaria que, a su vez, refuerza
la baja recaudación tributaria y, con ello, se perpetúa la baja calidad de los
servicios públicos.
La ruptura de ese círculo vicioso –y, por ende, la viabilidad de un
Estado incluyente que promueva el bienestar de sus ciudadanos-, requiere de
esfuerzos que van más allá de simples reformas tributarias y que pasan por un
compromiso sólido con la transparencia, el combate a la corrupción y el
fortalecimiento institucional. Por desgracia, la actuación que en tiempos recientes ha tenido el gobierno en torno a la IVE, el FONAPAZ, la Portuaria Quetzal, el IGSS o la SAT parecen ir exactamente en el sentido contrario al que se requiere para mantener vivo nuestro agonizante pacto social.
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