Vuelvo al tema del Plan de Gobierno. Resulta que, contrario a lo que creía hace algunas semanas, sí existe un plan bien estructurado, que se está aplicando, y que responde claramente a las líneas estratégicas de seguridad nacional del gobierno... de los Estados Unidos de América
Una de las debilidades que se le atribuyen al gobierno
de Jimmy Morales es la ausencia de un plan de gobierno. Y no es que no existan
programas de acción gubernamental, sino que estos han sido planteados por los
distintos funcionarios (ministros de gobierno o comisionados presidenciales) de
manera aislada, por compartimentos, lo cual impide articular un conjunto de
acciones priorizadas.
Dicha estructura priorizada -o plan de gobierno- es importante
no sólo porque transmite certeza a la ciudadanía sobre el accionar del gobierno
(lo cual es importante en la actual coyuntura de desaceleración económica),
sino también porque permite ordenar el presupuesto estatal en función de
ciertos objetivos, así como impulsar una agenda legislativa ordenada hacia
tales objetivos (lo cual es importante de cara a la gobernabilidad en la actual
situación de fragmentación legislativa).
Hace algunos días, sin embargo, un amigo politólogo me
hizo ver ciertas evidencias que apuntan a que -de forma implícita- existe un
plan de gobierno estructurado y priorizado que, además, se está cumpliendo al
pie de la letra. Ese plan implícito ordena sus acciones en cuatro líneas
estratégicas: dinamizar el sector productivo; desarrollar el capital humano;
mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia; y, fortalecer las
instituciones y combatir la corrupción.
Aunque las líneas estratégicas son ambiciosas, en la
práctica el plan actualmente se concentra en ciertas acciones muy concretas. En
el área de dinamización productiva se ha lanzado un programa piloto en
tres municipios (Momostenango, Nebaj y Jocotán) para convertirlos en “modelos”
a replicar, mediante esfuerzos en salud, educación y empleo; estas acciones
apenas están empezando, por lo que aún no existen avances medibles. En
el área de capital humano, la prioridad parece ser la restructuración y
depuración del Ministerio de Salud Pública, ya en marcha, pero cuyos avances
estarán sujetos al éxito que tenga la nueva ministra en su lucha contra
estructuras muy arraigadas (dentro y fuera del ministerio) que intentarán
descarrilar sus esfuerzos.
En el área de seguridad y justicia, además de las
acciones a nivel regional (apoyadas por los Estados Unidos) en contra de las
pandillas, la prioridad número uno parece ser la reforma al sector justicia
impulsada por los tres organismos del Estado (que incluye una reforma
constitucional) y que avanza a pasos acelerados con el apoyo de la CICIG y el
Ministerio Público -MP-.
Y en el área de fortalecimiento institucional y
combate a la corrupción son, de nuevo, la CICIG y el MP quienes están
impulsando acciones muy precisas en contra de estructuras corruptas enraizadas
en el aparato estatal, a las cuales se les unen las acciones que la SAT está
emprendiendo con gran éxito en contra de la evasión tributaria.
Este plan de gobierno, según la interpretación de mi
amigo politólogo, tiene el objetivo de propiciar condiciones de seguridad y de
cambios políticos y económicos que permitan a los habitantes prosperar y, con
ello, reducir la migración (especialmente de menores de edad), la porosidad
fronteriza (campo fértil del terrorismo internacional) y la narcoactividad.
Casualmente, estos objetivos coinciden con las prioridades de seguridad
nacional que el gobierno de los Estados Unidos de América ha asignado a sus
relaciones con el Triángulo Norte de Centroamérica.
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