El despilfarro de recursos del erario se ve
agravado por la imprudente política salarial del Ministerio de Salud
Guatemala tiene unos de indicadores de salud más
precarios del mundo. Los bajos niveles de salud de la población se derivan de
un proceso histórico de ingentes necesidades acumuladas, cuyos factores
principales tienen que ver con el limitado acceso a servicios de salud y
saneamiento, lo cual refleja en gran medida la relativa escasez de recursos del
presupuesto que el gobierno dedica al sector y, especialmente, la inadecuada
organización y gestión de la instituciones públicas en el área de la salud.
Si a lo anterior le sumamos un manejo miope e
irresponsable en el uso de los escasos recursos a cargo del Ministerio de Salud
Pública tenemos lo que tenemos: la peor
crisis de salud pública en los últimos veinte años. Un hecho central en dicho manejo
inadecuado es la forma en que se contrata, administra y remunera el personal de
dicho ministerio.
Por un lado, el número de empleados del Ministerio de
Salud se ha multiplicado de forma exorbitante. Mientras que en 2008 había unos
26 mil trabajadores en nómina, la cifra se elevó a unos 42 mil en 2013, y
continuó incrementándose hasta alcanzar los 50 mil empleados en 2014.
Evidentemente, este aumento exponencial del número de empleados no se ha
traducido en una mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud.
Más bien al contrario. Ello levanta automáticamente dudas de cuál ha sido la
verdadera razón para contratar tantos nuevos empleados en tan poco tiempo: ¿se
trata de contrataciones para atender compromisos políticos? ¿Será quizá un mero
descuido administrativo? ¿O serán plazas fantasmas para sustraer ilícitamente
recursos del presupuesto?
Este acelerado incremento en la plantilla de
salubristas estatales tiene un impacto palmario en las finanzas públicas. En
2010 los guatemaltecos pagamos Q1,360 millones por la nómina de empleados del
Ministerio de Salud. Esta cifra se ha elevado hasta los Q2,420 millones en el
presente año. Es decir que en cinco años el costo de la plantilla de dicho
ministerio ha aumentado en un 43%, que significa ¡más de mil millones de
quetzales! El que semejante incremento se haya verificado sin que se produjera
una mínima mejora en la calidad y cobertura de los servicios –sino más bien al
contrario-, vuelve a levantar enormes dudas no sólo sobre la calidad del gasto
sino, lo que es peor, sobre la probidad con que este se maneja.
Este despilfarro de los escasos recursos del erario
público se ve agravado por la imprudente política salarial del Ministerio de
Salud en los últimos años, cuyo vicio más conspicuo es el de acordar generosos
pactos colectivos con el poderoso (políticamente) Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de
Guatemala. Estos pactos colectivos los ha firmado el Ministro de Salud sin
siquiera haber consultado sus implicaciones con el Ministerio de Finanzas
Públicas. Eso es equivalente a que el gerente de producción de una empresa
decida otorgar dadivosos aumentos salariales a sus operarios sin preguntarle al
gerente financiero si la empresa cuenta con dinero para hacerlo.
Para agregar insulto a la herida, la semana pasada las
autoridades anunciaron con jolgorio que, como fruto de los referidos pactos
colectivos, pagarán un “bono por antigüedad real” a unos 21 mil empleados de la
cartera de salud con un costo para el fisco que supera los Q250 millones
anuales. Destaca el hecho de que se trata de un “bono por respirar”, al que se
hacen merecedores los trabajadores del ministerio por mantenerse vivos: no
importa si trabajan bien o mal, si están o no capacitados, si asisten o no a
sus labores, el bono se les dará (y en mayor cantidad a quien tenga más tiempo
de permanecer en nómina).
El único beneficio concreto de este derroche de dadivosidad (con los
recursos del tesoro del país) es el clima de paz y concordia que se genera
entre los sindicalistas y las autoridades de gobierno. Pero eso no compensa los
costos. La salud pública es un factor clave para generar desarrollo económico y
social. En Guatemala, la mala gestión de la salud pública se convierte en una
limitante clara de dicho desarrollo. Por ello es imprescindible cambiar radicalmente
la forma en que se organizan las instituciones del sector y mejorar
sustancialmente su gestión de recursos a fin de garantizar la adecuada
prestación de servicios a la población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS DE LOS LECTORES: