A Reponerse del Golpe

Debemos tomar nota de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala

No sorprendió, pero dolió. La calificación de riesgo-país que otorga a Guatemala la agencia Fitch Ratings fue degradada de BB+ a BB, lo cual envía un mensaje negativo a los mercados sobre  las contingencias a considerar por parte de cualquier inversionista. Lo anterior podría acarrear consecuencias sobre el costo deuda pública (bonos), los flujos de inversión hacia el país, el costo del crédito (por ejemplo, para vivienda), la viabilidad de las iniciativas de participación público-privadas, la reputación e imagen internacional del país y, por ende, sobre el desempeño económico futuro.

Cuando por primera vez calificó al país, Fitch le asignó en julio de 2006 la nota de BB+ (apenas un escalón por debajo del “grado de inversión” que anhelan los países en vías de desarrollo), y lo sostuvo allí en los siguientes siete años, incluso en medio del fragor de la crisis internacional de 2008-2010, por lo que esta degradación es la primera que sufre el país por parte de esa agencia.

Si bien la nueva calificación nos aleja otro escalón del grado de inversión, y es una escala menor que la que aún nos asigna otra de las tres calificadoras (Moody’s) y que la obtenida por países vecinos como Costa Rica, cabe indicar que aún es igual a la que nos ha mantenido la otra calificadora (Standard & Poor’s) y un escalón superior a la que ostentan países como El Salvador.

Pero de lo que debemos tomar nota es de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala, en seguimiento de lo que ya había advertido el año pasado en su anterior ejercicio de evaluación del país, cuando redujo la perspectiva del país de “estable “ a “negativa”. El razonamiento expresado por Fitch respecto de su decisión señala dos debilidades clave: por un lado, el país ha sido incapaz de mejorar sustancialmente sus perspectivas de crecimiento económico y, por el otro, no ha podido ampliar su base de ingresos tributarios ni mejorar su flexibilidad fiscal. Estos dos aspectos han erosionado en los últimos años la posición relativa de Guatemala en la categoría de países con calificación BB.

La calificación, según Fitch, también se ve afectada por una débil gobernabilidad y por los bajos indicadores de desarrollo humano, así como por la fragmentación del sistema político y una legislatura dividida y lenta que ha frenado la agenda de políticas y de reformas.

Afortunadamente, la situación del país aún conserva importantes aspectos positivos que Fitch no duda en reconocer y sobre los cuales –para reponerse del duro golpe de la degradación- debemos trabajar en fortalecerlos y construir sobre ellos. En particular, el hecho de que Guatemala aún mantenga (pese a la reducción) una calificación relativamente aceptable –mejor que las de El Salvador u Honduras- se debe a la tradición (de un cuarto de siglo) de mantener déficit fiscales relativamente moderados y una notable estabilidad macroeconómica y financiera. La base de estas fortalezas yace en las políticas fiscal y monetaria que tanto el Ministerio de Finanzas como el Banco de Guatemala, respectivamente, han impulsado responsablemente desde hace dos décadas.

De cara al futuro, el primer paso es consolidar esas fortalezas y transmitir un mensaje de confianza a la comunidad financiera sobre la estabilidad y viabilidad económica del país. En ese sentido resulta atinada la decisión presidencial de confirmar a Dorval Carías como sucesor de María Castro en la cartera de Finanzas Públicas, pues se trata de un tecnócrata de carrera consciente de la crucial importancia de conservar la disciplina fiscal.

Pero el principal reto es el de impulsar, sobre la base de la referida estabilidad macroeconómica, las políticas coherentes que mejoren la eficacia del Estado y favorezcan el crecimiento económico sostenible. Esas políticas no son otras que las de aumentar la inversión en capital humano (salud y educación) y en capital físico, fundamentado en un gobierno subsidiario y compacto: pequeño pero fuerte y eficiente.

Este es el desafío nacional más trascendente: que todos los liderazgos involucrados (en los estamentos económicos, políticos y sociales) sean capaces de hacer las concesiones que cualquier diálogo civilizado demanda, a fin de arribar a los consensos que se requieren parar impulsar consistentemente tales políticas.