Nefasto Común Denominador

La corrupción es, sin duda, el tema subyacente en la mayoría de problemas de la vida pública del país

La profesión más peligrosa del mundo es ser chofer de autobús en Guatemala: sólo en lo que va del año han asesinado a 80 pilotos y ayudantes de camioneta. Y estas cifras aumentan año con año, desde hace más de una década. En ninguna nación civilizada del planeta existe un precedente similar. Detrás de esta vergonzosa tragedia existen varias causas, como las extorsiones, las maras, la desidia de las autoridades municipales, o la ineficiencia policíaca y de inteligencia civil. Pero lo que distingue a Guatemala de otros países es el origen del botín: el gigantesco monto del subsidio (más de Q300 millones anuales) que de manera obscura y evidentemente ineficiente reciben del fisco las empresas de transporte público. La corrupción aquí es, sin duda, un tema subyacente.

El sistema penitenciario no sólo está colapsado, sino que se encuentra de hecho “privatizado” en manos del crimen organizado. Esto se explica en parte por la falta de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema. Pero se explica más por las intrincadas redes de negocios ilícitos que lo infestan; es decir, por la corrupción que allí impera.

La cultura, que es una de las riquezas potenciales más grandes del país –capaz de generar ingresos, empleos, cohesión social y bienestar general- ocupa el último lugar en las prioridades del ministerio responsable, donde se prefiere privilegiar la compra y reparto de pelotas y uniformes o el alquiler de juegos de feria mecánicos porque aparentemente allí es donde está el negocio. El problema no es si el ministro del ramo es culto o si los recursos son escasos, sino la falta de visión y transparencia en la administración de los mismos.

Los tribunales de justicia (un pilar para que las sociedades y los mercados prosperen) no son, en general, confiables para los guatemaltecos que los ven como un enorme y lento bazar de favores, influencias y canonjías. Además del inadecuado marco legal o del insuficiente presupuesto que afectan al Organismo Judicial, la corrupción es un aspecto que surge claro en cualquier diagnóstico del sector.

Los hospitales públicos están colapsados, sin medicina, sin estructura y sin sentido. No sólo la profunda disfuncionalidad administrativa del ministerio del ramo o su insuficiencia presupuestaria explican el desastre. El colosal y turbio negocio de las medicinas es la principal fuente de distorsiones en la gestión de la salud pública, donde el asunto de fondo es uno de sobornos y cohechos.

Las escuelas públicas son escasas y muchas se encuentran en condiciones precarias, al tiempo que los exámenes estandarizados reportan un pésimo desempeño de los estudiantes que sufren de una bajísima calidad en la enseñanza. No sólo la escasez de presupuesto para la construcción de escuelas o la baja calidad del magisterio o sus pésimos salarios explican las penas de la educación, sino también la sospechosamente ineficaz y borrosa manera en que se construyen las escuelas (como la mayoría de obras públicas) o en que se asignan las plazas magisteriales explican el estado ruinoso del sector educación.

Las municipalidades y los consejos de desarrollo reciben la cuarta parte del presupuesto del Estado, sin que lo inviertan en rubros prioritarios que se alineen con las políticas públicas de salud, educación, seguridad e infraestructura. Estas voluminosas transferencias presupuestarias se han convertido en el principal objeto del deseo de alcaldes y gobernadores para fines (políticos o personales) ajenos al bien público. También aquí yace implícito un problema de corrupción.

El nefasto común denominador de la mayoría de problemas que afectan la vida pública del país es la corrupción. Por eso apena que el liderazgo social y empresarial del país (independientemente de diferencias ideológicas) no se centre en vigilar y repudiar la corrupción que como un cáncer que consume los escasos recursos tributarios. Por eso aflige que la próxima elección de Contralor General de Cuentas siga siendo un mercado de influencias y no augure un buen futuro para esa institución clave de la república. Por eso angustia que la Política Criminal acordada recientemente por los tres organismos del Estado y el Ministerio Público para 2015 excluya por completo –inexplicada e inexplicablemente- el combate a la corrupción como una prioridad impostergable.