EMPRESAS Y GOBIERNOS

LAS VISIONES MANIQUEAS QUE LOS COLOCAN COMO ENEMIGOS NO CONTRIBUYEN AL PROGRESO DEL PAÍS 

En los últimos tiempos, la retórica a lo ancho del espectro político, no solo en Guatemala sino en toda Latinoamérica, parece sugerir que las relaciones entre las empresas y el gobierno deben ser de antagonismo o, al menos, de una estricta separación y amplio distanciamiento. Desde la derecha y el libertarianismo se afirma que los gobiernos, por naturaleza, interfieren demasiado en los procesos económicos y obstaculizan el libre comercio. Desde las izquierdas se afirma que las empresas son, por naturaleza, entes depredadores, explotadores de los trabajadores y de los consumidores, y evasores de impuestos. 

Esas visiones maniqueas han contribuido a que en las recientes crisis políticas, como la de Chile en los últimos meses, triunfen las propuestas que plantean destruir el sistema vigente para sustituirlo por un nuevo sistema, cuya naturaleza y alcances nadie conoce y que debe ser construido sobre la marcha. En ese afán de sustituir lo viejo conocido por lo nuevo por conocer, se pasan por alto los muchos éxitos del viejo sistema (en el caso chileno, los logros en cuanto a crecimiento económico e ingreso per cápita), y se magnifican sus innegables y notables fracasos (en términos de desigualdad, concentración de poder, abusos de empresarios y grandes conglomerados, y la promesa incumplida de un bienestar rápido para toda la población). El prevaleciente ánimo anticapitalista confunde el nefasto capitalismo de amigotes -que debe ser combatido- con el verdadero capitalismo -que florece cuando existe libertad y certeza jurídica-. 

En un capitalismo funcional y moderno (no el de amigotes), ambos lados (gobierno y empresas) se necesitan mutuamente. El gobierno necesita a las empresas para producir crecimiento económico, crear empleos y generar ingresos para pagar los compromisos del país con el resto del mundo. Las empresas, por su parte, necesitan de un gobierno que provea el sistema jurídico y de seguridad básica necesario para operar; que forme a los trabajadores de quienes dependen las empresas; y, que cree la infraestructura (carreteras, puertos) que permita intercambiar bienes y servicios eficientemente. Muchas empresas también necesitan al gobierno como comprador. Y todas las empresas necesitan un gobierno capaza de impulsar políticas públicas que fomenten la productividad y el bienestar.

La creciente polarización que se cierne sobre Latinoamérica busca poner a los gobiernos y a las empresas como antagonistas, lo cual no beneficia a ninguna de las partes. Las empresas deben contribuir (con sus actitudes y sus impuestos) a que exista un gobierno eficiente que provea los bienes públicos básicos y aplique reglas claras, generales y predecibles. Los gobiernos deben entender que las empresas necesitan un clima (político y económico) estable para operar, con paz social y coherencia en las políticas públicas. En los países prósperos, las empresas y los gobiernos actúan, cada quien desde su ámbito, como socios, no como enemigos.