LIBERTAD, SUBSIDIARIEDAD, SOLIDARIDAD

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO NO SOLO ES VIABLE; TAMBIÉN ES RECOMENDABLE

La semana pasada fui invitado por la Fundación Konrad Adenauer para disertar sobre la viabilidad de la Economía Social de Mercado -ESM- en Guatemala. La ESM es un sistema que, respetando al mercado y las libertades y controles que deben garantizarse para que este funciona adecuadamente, los combina eficazmente con un orden social que procura la equidad dentro de un orden político democrático. Se trata de que la sociedad se beneficie de la eficiencia del mercado para generar paz social.

De alguna manera, más o menos explícita, la Constitución Política de la República de Guatemala no solo es compatible, sino que orienta los quehaceres del Estado hacia el principio esencial de la ESM, que es la primacía y dignidad de la persona humana, así como hacia sus principios operativos básicos: la libertad individual y empresarial con responsabilidad y con acceso a un mercado competitivo; la certeza sobre la propiedad privada; la solidaridad (incluyendo redes de protección como el seguro social); y, la subsidiariedad (todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, por sí solo o en su círculo, no forma parte de las funciones del gobierno: las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o auxilian a las de cada individuo). 

En la práctica, la ESM no ha logrado establecerse en el país porque, entro otras razones, los políticos y funcionarios no han tenido claro cuándo y cómo aplicar adecuadamente las políticas económico-sociales. Atendiendo al principio de subsidiariedad, un Estado eficiente solo debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice las libertades básicas, para corregir las fallas del mercado (como las externalidades o la información asimétrica) y para procurar la paz social mediante instituciones que legitimen el sistema de mercado. Según la ESM las políticas económicas se pueden dividir en dos categorías: las políticas de procesos (como la política fiscal o la monetaria) que buscan influir sobre los procesos económicos y sus resultados; y, las políticas de ordenamiento que, a través de reglas e incentivos (es decir, de instituciones) buscan establecer el orden económico deseado.

En cuanto a la primera categoría de políticas (la de procesos), al parecer no lo hemos hecho tan mal como país, pues así lo demuestran los sólidos indicadores de estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, reconocidos internacionalmente. En contraste, donde evidentemente hemos fallado es en las políticas de ordenamiento, como lo demuestran los precarios indicadores de calidad institucional y gobernanza de Guatemala. Esa precariedad institucional impide el establecimiento de un orden económico que, como lo persigue la ESM, constituya un marco de certeza jurídica, eficiencia económica y mayor productividad. Para revertir tales indicadores, es indispensable que los liderazgos del país -empezando por el estamento político- cobren conciencia de la necesidad de establecer ese orden económico basado en instituciones y, a partir de allí, emprender las reformas necesaria con voluntad política.