El "Dilema" que No es Tal

El verdadero desafío de las autoridades es el de ir “modulando” las medidas de distanciamiento social

La pandemia de covid-19 conlleva un duro golpe para la economía nacional y mundial a medida que los gobiernos adoptan medidas radicales de distanciamiento social, las que implican un abrupto frenazo de la producción de bienes y servicios. Esto es, evidentemente, un gran problema, pero no es (como parecía al principio) un dilema. Y no lo es porque, simplemente, para combatir el nuevo coronavirus no hay otra política pública viable que no sea la de un estricto distanciamiento social.

Al inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias tenían ante sí dos opciones de política. Por un lado, la inmunización gradual (o estrategia de inmunidad de grupo) que implicaba aislar solamente a los segmentos de población vulnerables (ancianos y personas con enfermedades crónicas) y dejar que el resto de la población se contagiara gradualmente. Por otro lado, aplicar medidas de distanciamiento social (estrategia de mitigación/supresión) que implican la separación física de las personas. Puesto que hasta hoy no existe ni vacuna ni medicamento contra el extremadamente infeccioso covid-19, en la práctica no se presenta ningún dilema (ni desde el punto de vista económico ni, mucho menos, desde el punto de vista de la salud pública) en cuanto a cuál de las dos estrategias escoger.

En efecto, la experiencia de la última gran pandemia, la Influenza Española (1918-1920), proporciona una evidencia estadística muy clara: las ciudades y estados que aplicaron medidas de distanciamiento social más prontas y restrictivas para “aplanar” la curva de contagios fueron las que lograron un mejor desempeño económico (durante y después de la crisis) en comparación con las ciudades y estados que fueron más reticentes a imponer medidas de distanciamiento social. En estos últimos lugares, la elevada mortalidad y el caos social ocasionado por el contagio desenfrenado generó un daño económico mayor al que habría ocasionado una estricta política de distanciamiento social.

Entonces, siendo la estrategia de mitigación/supresión la única opción disponible en esta etapa de la crisis, pero sabiendo que dicha estrategia ocasiona un desplome de la economía (que daña a los trabajadores por cuenta propia, las empresas, las cadenas de oferta, los empleos y el clima de confianza en general), el verdadero desafío de las autoridades es el de ir “modulando” las medidas de distanciamiento social, relajándolas tan pronto como la velocidad del contagio lo permita, pero volviéndolas a endurecer en cuanto las circunstancias lo exijan, sabiendo que las pandemias suelen darse por oleadas que es necesario gestionar -hasta que, por fin, aparezcan los medicamentos o vacunas adecuadas-.

Durante esta primera oleada (que será la más grave y difícil de manejar), la política económica más razonable es la de llenar el vacío temporal que está dejando la caída del consumo y de la inversión privados con gasto público fresco, orientado a la emergencia en salud, a la ayuda humanitaria para quienes están perdiendo sus ingresos y al apoyo empresarial para quienes enfrentan una quiebra inminente. El gobierno de Guatemala ya cuenta con una importante ampliación presupuestaria de más de Q11 millardos para realizar dicho gasto: la clave ahora es establecer los mecanismos para desembolsarlo con la eficiencia y con la transparencia que este momento histórico demanda.