PRESERVAR UN PROCESO ELECTORAL CREÍBLE Y EFICIENTE ES
CLAVE PARA LA SALUD DE LA DEMOCRACIA
Para medir la salud de la democracia en un país, la
Unidad de Inteligencia de The Economist utiliza cinco parámetros: (1) el
funcionamiento del proceso electoral y su nivel de pluralismo; (2) el desempeño
y efectividad del gobierno; (3) el grado de participación política de la
población y sus líderes; (4) la calidad y profundidad de la cultura
política-democrática en la sociedad; y, (5) el grado de respeto a las
libertades civiles de los ciudadanos. Con base en ellos calcula el Índice de
Democracia en 165 países, de acuerdo con cuyo resultado los clasifica como
"democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen
híbrido" o "régimen autoritario".
La semana pasada se publicó la versión más reciente de
este índice, donde Latinoamérica experimentó en 2022 su séptimo año consecutivo
de declive, con un puntaje promedio que cae a 5.79 (sobre un máximo de diez),
por debajo del 5.83 de 2021. La democracia en Guatemala, con 4.98 puntos, es
calificada como un “régimen híbrido” y ocupa el puesto 19 (de 24) en Latinoamérica
y el 79 (de 165) en el mundo; en Centroamérica, solo superamos a Honduras y
Nicaragua. Eso sí, nuestro índice se recuperó un poco respecto de los 4.62
puntos obtenidos en 2021, cuando cayó por quinto año consecutivo y obtuvo la
calificación más baja de la serie que empezó en 2006 (cuando nuestro país
alcanzaba los 6.07 puntos).
El parámetro en el que peor califica Guatemala es el
de cultura política, con 2.50 puntos (el promedio de la Región es 4.11),
reflejo de la enorme desconfianza que la población tiene respecto de las
instituciones estatales, según diversas encuestas. Le sigue, con 3.68 puntos el
parámetro de participación política (5.97, el promedio regional), que refleja
el desánimo generalizado respecto de la democracia y el sistema político. También
es muy bajo el puntaje de funcionamiento del gobierno, con 3.93 puntos (5.07 el
promedio latinoamericano), que apunta a la débil capacidad del Estado para
prestar los servicios públicos esenciales y para combatir la corrupción y el
crimen organizado. Un poco mejor es la calificación de Guatemala en libertades
civiles, con 6.18 puntos (6.58, el promedio de la Región), que incluye el
reconocimiento a la libertad de expresión del pensamiento. Y el parámetro en el
que Guatemala está mejor calificada es el del proceso electoral y pluralismo
que, con 6.92 puntos (7.19 para Latinoamérica), refleja que el sistema en el
que se sustentan las elecciones cada cuatro años es relativamente sólido y
eficiente.
Ahora que ya se convocó a elecciones, el gran desafío del
Tribunal Supremo Electoral será el de preservar la relativa fortaleza del
proceso electoral y evitar que se repitan las complicaciones sufridas en 2019
(de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). El marco regulatorio
(incluyendo los nuevos reglamentos aprobados por el TSE) se pondrá a prueba en
cuanto a la regulación de la campaña política, la fiscalización de los
partidos, de su funcionamiento y financiación, así como en cuanto a la
participación ciudadana y la representatividad de los funcionarios que resulten
electos. Al finalizar el proceso habrá que hacer una evaluación profunda que
conduzca a mejorar el marco regulatorio y la legitimidad de nuestro sistema
electoral. De lo contrario, nuestro Índice de Democracia continuará deteriorándose.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS DE LOS LECTORES: