Hace algunos días, la calificadora internacional
Standard & Poor´s (S&P) revisó la calificación de riesgo-país (riesgo
soberado) de Guatemala y, aunque decidió mantener la calificación central en el
nivel de BB (por debajo del anhelado grado de inversión) que le ha asignado al
país en los últimos años, dispuso reducir la perspectiva de la calificación de
“estable” a “negativa”. Esta revisión es una advertencia a los mercados sobre
un aumento de las probabilidades de que la calificadora reduzca la calificación
del país en un futuro cercano, si no se corrigen ciertos aspectos que la
evaluación efectuada señala como preocupantes.
La justificación de la revisión efectuada radica,
según la calificadora, en que la debilidad del Estado y de sus instituciones se
traduce en unos niveles excesivamente bajos de ingresos fiscales que, a su vez,
se reflejan en niveles igualmente bajos de inversión en infraestructura
pública. La ausencia de infraestructura física y social básica ocasiona que la
productividad nacional sea baja y, por lo tanto, que el crecimiento económico
sea lento e insuficiente para reducir los elevados índices de pobreza.
A fin de cuentas, lo que S&P advierte –en su rol
de calificadora de riesgos- es que el escaso dinamismo de la economía entraña
el riesgo de que el país no genere suficientes ingresos para hacer frente a sus
compromisos de pago de deuda externa y, al mismo tiempo, que los elevados
indicadores de pobreza generen un clima de ingobernabilidad que también pueden derivar
en amenazas a la capacidad del país de honrar sus compromisos financieros.
Con esa advertencia, la calificación del país podría
ser reducida si no se produce un aumento en los ingresos fiscales que permitan
incrementar la infraestructura púbica y reducir el indicador del servicio de la
deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios. También indica
S&P que la calificación se reduciría si el déficit fiscal excede
persistentemente el equivalente al 2% del PIB, lo cual realza la importancia de
que el Congreso apruebe un presupuesto estatal para 2017 con un déficit
moderado.
No obstante ello, la calificadora reconoce que el país
cuenta con importantes fortalezas que sustentan el mantener, por ahora, la
calificación soberana en un nivel de BB: el reducido déficit comercial con el
exterior, el reducido monto de la deuda pública (como porcentaje del PIB), así
como la ortodoxia y autonomía de la política monetaria –que ha contribuido a
preservar bajos índices inflacionarios-, son factores que favorecen la
calificación del país y que es menester salvaguardar.
Sugiere incluso S&P que la calificación podría
subir en el mediano plazo si, además de preservar sus fortalezas, el país logra
impulsar una agenda integral de reformas que fortalezcan los ingresos fiscales,
la efectividad de las instituciones, y la calidad de la infraestructura
pública, a fin de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza.
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