viernes, 13 de junio de 2014

Conviene Tomar Nota

Debemos prepararnos para las opiniones que las calificadoras de riesgo-país estarán emitiendo en los próximos meses

Existen numerosas formas de calificar el desempeño de una economía, incluyendo numerosos índices y rankings de competitividad, de desarrollo humano, de integridad pública, de libertad económica, etcétera. Pero de todas esas calificaciones, la más significativa y  utilizada es la de riesgo-país (riesgo soberano), que es una opinión sobre el riesgo crediticio (de no-pago) de la deuda pública, basada en una evaluación cuantitativa y cualitativa del país que emite títulos de deuda en los mercados internacionales, y evalúa su capacidad  e  intención de honrar sus obligaciones, así como su capacidad para afrontar eventuales problemas o cambios en el entorno.
Guatemala es parte del privilegiado grupo de países que goza de acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que las implicaciones de esta calificación, que es realizada por las principales compañías dedicadas a ello a nivel internacional (Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch Ratings) son de singular importancia para sus flujos de financiamiento, no sólo para el sector público sino también para el sector privado, ya que tal calificación es determinante para las decisiones de inversión y de financiamiento que se toman respecto de Guatemala en los mercados nacionales y extranjeros.
Fitch Ratings califica a Guatemala con un BB+, que reconoce positivamente el historial de estabilidad macroeconómica, así como la buena reputación en el pago de sus deudas y sus bajos indicadores de deuda pública; sin embargo, Fitch advierte que dicha calificación seguirá ubicándose en “grado de no inversión” por la limitada capacidad de Guatemala para enfrentar sus debilidades estructurales, asociada a una base impositiva estrecha y un marco presupuestario muy rígido, que no contribuyen a revertir los bajos indicadores de desarrollo humano, de gobernabilidad y de clima de negocios en el país, lo cual incide en las bajas tasas de ahorro e inversión.
En un entorno mundial frágil, Fitch decidió en su última calificación a Guatemala (en julio de 2013) reducir la perspectiva de “estable” (que el país había ostentado desde 2008) a “negativa”, lo cual implica que existen posibilidades de que en su siguiente revisión–prevista para el próximo mes de julio, luego de la reciente visita de sus analistas al país- pueda verse perjudicada si, a juicio de los calificadores, no se han revertido los aspectos negativos indicados.
Similar nivel de calificación le otorga a Guatemala la calificadora Moody’s, que también en julio de 2013 otorgó calificación de “Ba1”, que se ha mantenido con perspectiva “estable” desde junio de 2010, cuando la elevó del anterior nivel de Ba2 (“estable). Moody’s también ve como fortalezas del país la gestión fiscal y monetaria prudente, así como los niveles relativamente manejables de endeudamiento público y de déficit balanza de pagos.
Pero Moody’s advierte sobre los factores negativos que impiden que el país acceda al anhelado “grado de inversión”: el crecimiento económico es muy modesto en comparación con otros países con calificaciones similares; el nivel de ingresos tributarios es muy bajo; el marco institucional y el Estado de Derecho son débiles y ello redunda en poca eficacia gubernamental y en un ambiente de precaria gobernabilidad.
Por su parte, Standard & Poors  --que suele ser algo más severa con Guatemala- califica al país como “BB” (con perspectiva “estable”), calificación  que mejoró de perspectiva en septiembre de 2012 (antes tenía perspectiva “negativa”). Esta calificadora considera positivamente el estable desempeño externo, fiscal y monetario, así como el mantenimiento durante varios años de la orientación general de la política macroeconómica. Pero insiste en los factores de riesgo: las débiles instituciones públicas y su entorno político polarizado; las tasas de crecimiento económico muy bajas para abordar las fuertes necesidades sociales y de seguridad; la limitada flexibilidad fiscal; y, los problemas de seguridad pública relacionados con el narcotráfico que desafía a la débil fuerza policial y al sistema judicial.
Conviene tomar nota de lo que estos reportes de calificación de riesgo-país señalan, pues nos permiten reconocer nuestra realidad y, a partir de allí, identificar los enormes retos que como país debemos enfrentar con urgencia, coherencia y constancia.

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