Debemos prepararnos para las opiniones que las
calificadoras de riesgo-país estarán emitiendo en los próximos meses
Existen numerosas formas de calificar el desempeño de
una economía, incluyendo numerosos índices y rankings de competitividad, de
desarrollo humano, de integridad pública, de libertad económica, etcétera. Pero
de todas esas calificaciones, la más significativa y utilizada es la de riesgo-país (riesgo
soberano), que es una opinión sobre el riesgo crediticio (de no-pago) de la
deuda pública, basada en una evaluación cuantitativa y cualitativa del país que
emite títulos de deuda en los mercados internacionales, y evalúa su
capacidad e intención de honrar sus obligaciones, así
como su capacidad para afrontar eventuales problemas o cambios en el entorno.
Guatemala es parte del privilegiado grupo de países
que goza de acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que las
implicaciones de esta calificación, que es realizada por las principales
compañías dedicadas a ello a nivel internacional (Moody’s, Standard &
Poor’s, y Fitch Ratings) son de singular importancia para sus flujos de
financiamiento, no sólo para el sector público sino también para el sector privado,
ya que tal calificación es determinante para las decisiones de inversión y de
financiamiento que se toman respecto de Guatemala en los mercados nacionales y
extranjeros.
Fitch Ratings califica a Guatemala con un BB+, que
reconoce positivamente el historial de estabilidad macroeconómica, así como la
buena reputación en el pago de sus deudas y sus bajos indicadores de deuda
pública; sin embargo, Fitch advierte que dicha calificación seguirá ubicándose
en “grado de no inversión” por la limitada capacidad de Guatemala para
enfrentar sus debilidades estructurales, asociada a una base impositiva
estrecha y un marco presupuestario muy rígido, que no contribuyen a revertir
los bajos indicadores de desarrollo humano, de gobernabilidad y de clima de
negocios en el país, lo cual incide en las bajas tasas de ahorro e inversión.
En un entorno mundial frágil, Fitch decidió en su
última calificación a Guatemala (en julio de 2013) reducir la perspectiva de
“estable” (que el país había ostentado desde 2008) a “negativa”, lo cual
implica que existen posibilidades de que en su siguiente revisión–prevista para
el próximo mes de julio, luego de la reciente visita de sus analistas al país- pueda
verse perjudicada si, a juicio de los calificadores, no se han revertido los aspectos
negativos indicados.
Similar nivel de calificación le otorga a Guatemala la
calificadora Moody’s, que también en julio de 2013 otorgó calificación de “Ba1”,
que se ha mantenido con perspectiva “estable” desde junio de 2010, cuando la
elevó del anterior nivel de Ba2 (“estable). Moody’s también ve como fortalezas
del país la gestión fiscal y monetaria prudente, así como los niveles
relativamente manejables de endeudamiento público y de déficit balanza de
pagos.
Pero Moody’s advierte sobre los factores negativos que
impiden que el país acceda al anhelado “grado de inversión”: el crecimiento
económico es muy modesto en comparación con otros países con calificaciones
similares; el nivel de ingresos tributarios es muy bajo; el marco institucional
y el Estado de Derecho son débiles y ello redunda en poca eficacia
gubernamental y en un ambiente de precaria gobernabilidad.
Por su parte, Standard & Poors --que suele ser algo más severa con Guatemala-
califica al país como “BB” (con perspectiva “estable”), calificación que mejoró de perspectiva en septiembre de
2012 (antes tenía perspectiva “negativa”). Esta calificadora considera
positivamente el estable desempeño externo, fiscal y monetario, así como el
mantenimiento durante varios años de la orientación general de la política
macroeconómica. Pero insiste en los factores de riesgo: las débiles
instituciones públicas y su entorno político polarizado; las tasas de
crecimiento económico muy bajas para abordar las fuertes necesidades sociales y
de seguridad; la limitada flexibilidad fiscal; y, los problemas de seguridad
pública relacionados con el narcotráfico que desafía a la débil fuerza policial
y al sistema judicial.
Conviene tomar nota de lo que estos reportes de calificación de
riesgo-país señalan, pues nos permiten reconocer nuestra realidad y, a partir
de allí, identificar los enormes retos que como país debemos enfrentar con
urgencia, coherencia y constancia.
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