La reforma del sistema de servicios civil es complementaria de la reforma del sistema electoral y de partidos políticos. Ambas reformas son imprescindibles para que nuestro país sea viable en el futuro.
El costo de los salarios de los empleados públicos es
una carga cada vez más pesada para el presupuesto del Estado. Este renglón
aumentó dramáticamente en un 80 por ciento entre 2009 y 2013; eso equivale al
doble del crecimiento registrado por los ingresos tributarios en el mismo
período. Una gran parte de la explicación de tal aumento subyace en la
proliferación de pactos colectivos suscritos sin ninguna directriz durante los
últimos 20 años. En 1998, la masa
salarial de los empleados públicos representaba un 24 por ciento del
presupuesto, mientras que en la Administración Pérez Molina llegó a representar
el 37 por ciento. En el proyecto de presupuesto para 2019, dicho porcentaje del
presupuesto ascendería a 37.2 por ciento.
Esta carga se está saliendo de control y ya resulta
impostergable encontrar maneras de corregir estructuralmente el problema, entre
las que se cuenta el saber con certeza el número de empleados públicos por
dependencia y renglón presupuestario al que pertenecen, la revisión integral de
la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas, así como
regular adecuadamente la suscripción de pactos colectivos de condiciones de
trabajo en entidades públicas.
Es bien sabido que los puestos en la administración
pública han sido utilizados desde hace años con fines políticos –las plazas de
trabajo en el gobierno se usan como prebendas para los correligionarios
políticos-, lo cual ha pervertido simultáneamente el sistema electoral y de
partidos políticos y el sistema del servicio civil. Ambos sistemas necesitan
ser reformados profunda y prontamente.
El primer paso es conocer con exactitud el número de
empleados públicos que laboran en el Estado, así como bajo qué renglón se
encuentran nominalmente y en qué entidad prestan sus servicios. Sin un
inventario completo de toda la planilla de empleados del gobierno resulta imposible
saber cuál es el verdadero costo que significan los salarios y prestaciones para
el erario público.
Una de las ofertas del actual gobierno, que se plasmó
en el proyecto de presupuesto del Estado para 2017 (pero no en el de 2019), era
la de hacer un censo de los trabajadores del sector público. El censo lo
realizarían el INE, el RENAP y la ONSEC, y sería financiado por medio de una
cooperación de la Unión Europea. Por su parte, el MINFIN señaló hace meses que
hacían los últimos ajustes para publicar la nómina del personal permanente de
las entidades de Gobierno Central.
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