CREDIBILIDAD ELECTORAL

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PUEDEN SER CAÓTICAS E INCIERTAS

Desde 1985 hemos tenido elecciones creíbles, basadas en reglas e instituciones que, hasta ahora, han permitido una sucesión legitima de gobiernos y ganarnos un lugar en el concierto de las naciones democráticas. No es poca cosa. La democracia contribuye al desarrollo: valores tales como la libertad de expresión, el estado de derecho, el multipartidismo, las elecciones libres, la protección de los derechos humanos y la separación de poderes crean el contexto institucional requerido para que las interacciones económicas y el clima de inversión propicien la movilización de energías y recursos necesarios para el desarrollo.

Con el tiempo, el sistema electoral y de partidos políticos se ha deteriorado, al punto de poner en riesgo la credibilidad ganada en el último cuarto de siglo. El sistema exhibe hoy una evidente falta de representatividad ciudadana, impone severas restricciones a la participación política, limita gravemente la libertad de expresión y propicia el divorcio entre los ciudadanos y los candidatos y sus propuestas. Para revertir esta tendencia es necesario reformar aspectos de fondo, como el sistema de elección de diputados (para elegir por personas, no por listados cerrados), los requisitos para conformar un partido político, o el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Estos aspectos son cruciales, pero su reforma es políticamente compleja (no resulta atractiva para el statu quo). Debemos ser realistas y reconocer que tal reforma no solo es políticamente inviable, sino que cronológicamente es casi imposible, dada la cercanía del próximo proceso electoral.

Existen, empero, otras debilidades -más coyunturales- que sí pueden (y deben) ser corregidas pronto para evitar un posible colapso de la ya frágil credibilidad del sistema electoral. Al menos tres aspectos clave (que se agravaron tras la fallida reforma electoral de 2016) deben ser enmendados antes de las elecciones de 2023. Primero, debe definirse con claridad el concepto de campaña anticipada, de forma que no se impida a los partidos su derecho a opinar sobre temas nacionales en todo momento. Segundo, debe clarificarse (y fomentarse) la participación ciudadana mediante sus aportes financieros y en especie al partido de su simpatía, asegurando la transparencia y trazabilidad de tales aportes y la diferenciación entre proselitismo, funcionamiento y campaña. Y, tercero, debe precisarse la forma en que los medios de comunicación pueden cumplir libremente su labor informativa y ofrecer sus espacios publicitarios a los distintos proyectos políticos.

Sin estas reformas puntuales, las próximas elecciones entrañarán un grave riesgo reputacional para nuestra joven democracia. Sabemos que, aunque los temas estructurales son muy importantes, no hay condiciones ni tiempo para reformarlos; pero ello no implica que debamos resignarnos a unas elecciones caóticas e inciertas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: es necesario concentrarse en los tres temas urgentes señalados. Quizá todavía hay tiempo para que el Congreso recapacite y haga las reformas necesarias o, en todo caso, para que el TSE haga un control de daños por la vía reglamentaria e interpretativa.