LA POLÍTICA SOCIAL NO DEBE ESTAR DIVORCIADA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Hace algunos días tuve el honor de participar en el panel foro “Guatemala doscientos años de historia: Cambios Estructurales necesarios para el desarrollo”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Mi conferencia versó sobre la evolución de las políticas sociales en el país y su impacto en el desarrollo. Luego de un recorrido histórico por las principales políticas sociales en el último siglo, una conclusión inicial fue que estas, con muy contadas excepciones, no solo han carecido de coherencia e integralidad, sino que casi nunca se han aplicado de manera sostenida y consistente.
Estos problemas de diseño y de implementación, comunes a casi todas las políticas púbicas, se deben a las enormes debilidades institucionales del Estado y a un pobre entendimiento respecto de la naturaleza de tales políticas. Las políticas sociales son el instrumento para regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales mediante el suministro de servicios de educación, salud, y protección social, con el fin de reducir la pobreza y promover el empleo y el desarrollo humano, con lo cual contribuyen también a generar mayor demanda interna y crecimiento económico. Derivado de lo anterior, una segunda conclusión fue que las políticas sociales no deben aplicarse aisladamente de las políticas económicas pues ambas interactúan, se refuerzan, se afectan y se complementan.
Una tercera conclusión fue que todas las políticas, directrices, orientaciones, criterios y lineamientos que busquen mejorar los niveles de vida y de bienestar social deberían tener presente que, en el largo plazo, la única manera de lograr esos objetivos es aumentando la productividad sistémica del país. La pobreza y la baja productividad son las dos caras de la misma medalla. Según datos de The Conference Board la productividad laboral de Guatemala no solo es una de las más bajas del Hemisferio, con un nivel de US$ 22.2 miles por trabajador en 2019, sino que ha permanecido estancada durante los últimos quince años.
La conclusión final fue que, a fin de aumentar la
productividad sistémica del país, es indispensable mejorar el entorno
institucional. No es por casualidad que los migrantes guatemaltecos, a los
pocos días de estar trabajando en el Norte, cuadrupliquen los ingresos que
antes obtenían en Guatemala: en un entorno institucional favorable, la
productividad se multiplica. Los índices de gobernanza, calidad institucional,
competitividad y riesgo-país coinciden en señalar la precariedad institucional
de nuestro país. En particular, las instituciones de justicia, del sistema
político, de gestión pública y de gobernanza son percibidas en los mercados
internacionales como las debilidades clave de Guatemala. De manera que la
reforma y el fortalecimiento de estas instituciones también debe considerarse
como un componente clave de las políticas sociales del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS DE LOS LECTORES: