UNA DECISIÓN CLAVE ES REDUCIR
LOS GASTOS SUPERFLUOS
Debido a que el Congreso no sancionó oportunamente el
presupuesto del Estado para 2021, ha quedado vigente para el presente año el enorme
y desproporcionado presupuesto de Q107 millardos con el que concluyó el año
anterior, situación que genera mucha incertidumbre y confusión respecto de la
senda macroeconómica del país. Por ello, el gobierno anunció desde noviembre su
intención de presentar al Congreso -a inicios de enero- una iniciativa de
readecuación presupuestaria.
Hasta hoy, dicha readecuación aún no ha sido elevada
al legislativo, lo cual no contribuye a atender dos preocupaciones que se
agravan día tras día ante la ausencia de un presupuesto gubernamental adecuado
a las realidades del año corriente. En primer lugar, existe una creciente
incertidumbre entre los agentes económicos respecto de cuáles son las
prioridades que guiarán el gasto público durante 2021 y sobre la capacidad del
gobierno de ejecutarlos eficientemente. Esa incertidumbre ocasiona que las
decisiones de inversión y de consumo carezcan de norte y se vean pospuestas, lo
cual redunda en una menor producción y una menor generación de empleos.
En segundo lugar, el enorme déficit fiscal que se
producirían si no se reduce el techo presupuestario hace que aumente la
desconfianza externa (particularmente por parte de las instituciones
financieras internacionales y las calificadoras de riesgo-país) respecto de la
sostenibilidad de las finanzas públicas guatemaltecas. Esa desconfianza impide
que las condiciones crediticias (tasas de interés y pazos) que enfrentan el
gobierno y las empresas nacionales puedan beneficiarse del clima favorable que
hoy ofrecen los mercados mundiales.
Por ello es clave que el gobierno concluya cuanto
antes la propuesta de readecuación presupuestaria para 2021 -con un techo de
gasto significativamente reducido- y que el Congreso la apruebe rápidamente
(sin volverla a arruinar, como lo hizo en noviembre pasado). Hay que tener
presente que al techo vigente deben deducírsele los recursos que extraordinariamente
prestó el Banco de Guatemala (Q11 millardos) en 2020 -y que no estarán
disponibles en 2021-, así como otros rubros (incluyendo algunos préstamos) del
presupuesto del año pasado que solo se justificaban por la pandemia.
Además, es imprescindible que se explicite el
compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal en 2021, 2022 y 2023,
hasta llevarlo a un máximo de un 2% del PIB; este mensaje es esencial para dar
tranquilidad a los mercados, y no perjudicar la calificación de riesgo-país. Conviene
recordar que la mejor manera en que las finanzas públicas pueden cooperar con
una recuperación y un crecimiento económico sostenibles es manteniendo un clima
de estabilidad y certeza. Esto requerirá, ciertamente, de valentía para reducir
la miríada de gastos superfluos contenidos en el presupuesto vigente y para emprender
un diálogo fiscal integral que no se centre solo los ingresos sino,
principalmente, en las reformas profundas que se necesitan para mejorar la calidad
del gasto público y combatir la enraizada corrupción.
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