¿Listos para el Despegue Económico?

Es cierto que la deuda pública de Guatemala es baja cuando se mide como porcentaje del PIB, pero eso no significa que podamos recurrir al endeudamiento como base de un crecimiento económico sostenido

Recientemente al Banco de Guatemala publicó sus previsiones macroeconómicas, en las que el crecimiento de la producción nacional para 2019 estará alrededor de un 3.4% anual, basado en la estabilidad de las principales condiciones macroeconómicas, incluyendo una inflación bajo control, un tipo de cambio y unas tasas de interés relativamente invariables y, por el lado fiscal, un déficit fiscal creciente pero aún bajo (en comparación con otros países similares) y una deuda pública pequeña (en relación con el tamaño de la producción del país). Básicamente el mismo escenario de estabilidad y prudencia macroeconómica que ha sido reconocido por las calificadoras internacionales como la principal fortaleza del país.

Pero siendo este crecimiento absolutamente insuficiente, surgió (en las redes sociales, vale aclarar) un breve debate entre algunos economistas respecto de si, con las cifras presentadas, estaba servida la mesa para arrancar un periodo de crecimiento más dinámico y sostenido de mediano y largo plazo. El planteamiento que más se discutió fue que las condiciones existentes (especialmente el bajo monto de la deuda pública), aunadas al proceso de urbanización y al bono demográfico, podían abrir la posibilidad de emprender, mediante el endeudamiento público, un esfuerzo de inversión en infraestructura que disparara ese periodo de crecimiento sostenido.

Ciertamente, un necesario aumento en el gasto para revertir el terrible retraso de nuestra red de infraestructura daría un impulso al crecimiento de la producción nacional. Pero la cuestión clave del planteamiento es si dicho crecimiento –basado en inversión en infraestructura- podría ser sostenible per se, y la respuesta es claramente que no lo sería. El crecimiento económico basado en un incremento masivo del gasto público (aunque sea para infraestructura) siempre es efímero, y existen numerosos casos alrededor del mundo y a lo largo de la historia que así lo ratifican.

La deuda pública de Guatemala es baja cuando se mide como porcentaje del PIB, pero es elevada si se mide como fracción de sus ingresos fiscales, lo que define la capacidad de pago del Estado. Es por eso que analistas y calificadoras coinciden en que un aumento anual de la deuda pública nacional, incluso tan pequeño como de un 0.5% del PIB (aunque se destine exclusivamente a infraestructura) es (en ausencia de un aumento de los ingresos fiscales) insostenible y pondría en riesgo la preciada estabilidad macroeconómica. Por otra parte, encomendar de golpe una masiva inversión en infraestructura a la precaria (y presumiblemente corrupta) institucionalidad pública existente sería una receta para el fracaso.

                                                                                   

Los ingredientes para el crecimiento sostenible son dos: aumentar la productividad y aumentar la inversión (especialmente privada, no solo en infraestructura). Para que se den, es indispensable que exista certeza jurídica, que prevalezca el estado de derecho, que los servicios público esenciales (seguridad física, impartición de justicia, infraestructura, educación y salud primarias) sean provistos con eficiencia –mediante instituciones sólidas- y que exista estabilidad política y paz social. La inversión en infraestructura puede contribuir a impulsar el crecimiento  económico de largo plazo, pero sin una reforma de las instituciones estatales sería solamente un desperdicio de recursos.