REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE

DEBEN ENCONTRARSE FORMAS MÁS ORDENADAS, TÉCNICAS Y SOSTENIBLES DE ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES

Regalar dinero del erario público ha sido un recurso al que los políticos, no solo en Guatemala sino alrededor del mundo, suelen acudir para congraciarse con los electores en el corto plazo, pero que a largo plazo tiene consecuencias macroeconómicas muy negativas. Por ejemplo, la actual crisis inflacionaria a nivel mundial se debe, aunque sea en parte, a los gigantescos paquetes de estímulo fiscal -que incluyeron generosas transferencias no condicionadas de dinero a los ciudadanos- que los gobiernos de los países industrializados aplicaron para paliar los efectos de la pandemia.

En Guatemala existe una longeva inclinación de la clase política a regalar los dineros públicos con fines electoreros. Ejemplos como el bono a los ancianos que diseñó el entonces diputado Baldizón, o el de los comedores solidarios del gobierno de la UNE, o el de recientes iniciativas de ley que buscan aumentar las pensiones a los jubilados del Estado, ponen de manifiesto cómo este tipo de políticas, posiblemente bien intencionadas, imponen unos costos fiscales crecientes que pueden poner en riesgo la tan apreciada estabilidad macroeconómica del país. Solo este año, mediante la concesión de subsidios a la energía y al combustible -que son otra forma de regalar dineros públicos- han contribuido a que el rubro de transferencias al sector privado, a agosto, se haya incrementado en más de Q3 millardos (o un ¡120 por ciento!) respecto del año previo.

La más reciente de estas medidas fue la aprobación del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral (o ley de veteranos), que implica la entrega de Q36 mil por beneficiario, a entregarse en cuotas de a mil mensuales durante tres años. Con base en los 266 mil veteranos que dijeron que había en febrero de este año, el costo anual sería de Q3.2 millardos, por lo que en los tres años habrá un gasto de ¡Q9.6 millardos! Se trata de una cifra gigantesca equivalente a más de lo que en un año gasta el Ministerio de Salud Pública. Lo más paradójico es que la creencia de que con esos dineros se aseguran miles de votos para quienes apoyaron la medida, es un antiguo mito urbano que no se sustenta en la práctica. Además, seguramente deben existir otros mecanismos más ordenados, institucionales y fiscalmente responsables para compensar a los ex trabajadores del Ejército.

En todo caso, puesto que este tipo de iniciativas va a seguir surgiendo en el futuro, quizá lo más conveniente sea encontrar una forma ordenada, civilizada y técnicamente adecuada para abordarlas. En otros países existe una instancia netamente técnica en el Congreso que analiza el impacto fiscal de cualquier iniciativa de ley que involucre recursos públicos y que asesora a todas las comisiones de trabajo del Legislativo sobre la viabilidad fiscal y macroeconómica de las iniciativas de ley. Si no se adopta acá algo parecido para poner orden al respecto, será inevitable que en el futuro no lejano todos terminemos pagando el pato, ya sea porque habrá que pagar más impuestos para financiar estas ocurrencias, o porque caeremos en una crisis fiscal como la que sufren países vecinos.