RIESGOS ECONÓMICOS EN EL AÑO ELECTORAL

LOS RIESGOS SE DAN POR LA INEVITABLE INCERTIDUMBRE POLÍTICA Y LA TENTACIÓN DE APLICAR MEDIDAS POPULISTAS

Los años electorales reúnen ciertas características que suelen influir en el desempeño económico del país, a lo cual se agrega en 2023 un entorno internacional muy complejo, con unas presiones inflacionarias que apenas empiezan a amainar y, particularmente, con un elevado riesgo de recesión en los países industrializados que podría tener un impacto negativo sobre el sector exportador guatemalteco y, eventualmente, sobre el flujo de remesas familiares hacia nuestro país, que ha sido un importante combustible que mantiene encendido el motor del consumo doméstico.

Cada evento electoral genera, inevitablemente, incertidumbre y nerviosismo en los mercados que, entre otros efectos, se traduce en una ralentización de la inversión privada: los agentes económicos prefieren posponer sus decisiones de inversión, por lo menos hasta que se aclara el panorama político al final de la segunda vuelta electoral. Algo similar, aunque en menor magnitud, puede ocurrir con los consumidores respecto de la compra de bienes duraderos. Estos dos efectos depresivos sobre la producción nacional suelen verse contrarrestados por dos efectos positivos que las elecciones ejercen sobre la actividad económica: las obras de infraestructura pública (del gobierno central y de las municipalidades) suelen acelerarse en los meses previos a las elecciones (para atraer votos), al tiempo que el gasto de las campañas políticas conlleva un aumento en la demanda de servicios de transporte, comunicaciones, alojamiento y restauración. Ahora bien, estos efectos -tanto positivos como negativos- solían ser más pronunciados cuando el  proceso electoral se extendía hasta diciembre; con el nuevo calendario (cuya segunda vuelta electoral termina en agosto) esos efectos serán más leves este año.

Quizá los riesgos económicos más notables son los que se derivan de las decisiones de política pública que los líderes políticos están muy tentados a proponer y a aplicar durante los años electorales. El ansia de ganar votos es una mala consejera cuando se trata de tomar decisiones de política económica: la tentación de usar los recursos del erario para regalar dinero (en forma de transferencias, subsidios, alimentos, canchas e implementos deportivos, etcétera) puede derivar en un aumento desmedido del gasto público y en déficits presupuestarios que pueden desestabilizar la economía. También los políticos pueden caer en la tentación de querer presionar a las autoridades económicas para manipular electoralmente variables tan importantes como el tipo de cambio, las tasas de interés, los impuestos o las reglas del comercio exterior, todo con consecuencias insospechadas para la macroeconomía del país.

Por ello, el año electoral entraña particulares desafíos para los hacedores de política económica: deben resistir las presiones electoreras y enfocarse en la institucionalidad y en los objetivos de mayor plazo; y, también, deben conservar la calma y la ortodoxia para transmitir un mensaje de certeza a los agentes económicos inquietos por las turbulencias políticas e internacionales. Se trata de aguantar la respiración hasta agosto. Después, si quieren, ya podrán ponerse creativos.