SUBSIDIOS NO ¿ENTONCES QUÉ?

LA AMENAZA DE UNA CRISIS ALIMENTARIA ACONSEJA MEDIDAS MÁS EFICACES

Finalmente, los altos precios de los combustibles y de los alimentos, agravados por la guerra en Ucrania, impactaron sobre las cifras de inflación en Guatemala. En los primeros cinco meses del año, el Índice de Precios al Consumidor reporta que el costo de los alimentos ha subido más de cuatro por ciento y el del transporte se ha elevado en más de nueve por ciento. Los precios internacionales de los productos básicos y alimentos ya se habían elevado bastante el año pasado, y la invasión rusa de Ucrania en febrero los llevó niveles récord. Por ejemplo, Rusia y Ucrania exportan una cuarta parte de todo el trigo comercializado internacionalmente; la guerra interrumpió esas exportaciones y elevó su precio en más del cincuenta por ciento. Algo similar ocurrió con otros granos básicos y con la energía.

Los consumidores guatemaltecos de menores ingresos son muy vulnerables a los precios más altos porque los alimentos representan una proporción grande de su gasto diario. Los precios del combustible, en cambio, afectan más a los hogares de ingresos más altos, que tienden a usar más combustible que los hogares de ingresos más bajos. Las políticas públicas para mitigar el impacto social del aumento de los precios deben tener en cuenta estas diferencias y procurar que los pobres no reciban un impacto desproporcionado. Por ello, los subsidios no son la medida más efectiva para enfrentar la situación.

Los subsidios al combustible distorsionan las señales de precios, que son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten, que induzcan un ajuste de la demanda y animen a las personas a ahorrar energía. Del lado de los alimentos, un ajuste de la demanda es más difícil, porque las personas necesitan comer aproximadamente la misma cantidad. Aún así, los subsidios a los alimentos tampoco son eficientes para proteger a los más vulnerables, porque también son costosos, desplazan gastos más productivos y, al distorsionar los precios, reducen los incentivos para productores y distribuidores.

Una respuesta más adecuada y eficiente ante esta crisis pasa más por otorgar transferencias directas (en efectivo o en vales), temporales y focalizadas, a los consumidores más vulnerables y por fortalecer las redes de protección social del Estado. Esto implica eficientar los programas sociales existentes. Si la carestía de alimentos se agrava, será necesario expandir esos programas sociales, ampliando su cobertura y niveles de beneficios, pero utilizando herramientas digitales para registrar a los beneficiarios y entregar las ayudas más eficazmente. Esto tendrá un costo fiscal que podrá compensarse desmantelando gradualmente los subsidios que ahora están vigentes. La facilitación de las importaciones, el apoyo a los productores locales y la distribución directa de alimentos por parte del gobierno serán medidas a considerar si se agrava la amenaza a la seguridad alimentaria del país. Y las políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) para contener la inflación también deberán cumplir un rol fundamental. Pero de estas hablaremos la próxima semana.