De qué forma el país podrá superar los
desafíos que se han presentado en todos los desastres ocurridos en años
recientes
El terremoto del 7 de noviembre, que afectó principalmente
al Suroccidente del país, pone en evidencia nuevamente, por un lado, que
Guatemala es uno de los países con mayor riesgo de desastres naturales y, por
otro, la precariedad de nuestra infraestructura y la vulnerabilidad en la que
viven miles de compatriotas.
Además de la tragedia humana, estos desastres acarrean
consecuencias económicas negativas. En primer lugar, al producirse la tragedia surgen
costos de emergencia (alimentos, medicinas y habilitación de rutas y refugios)
que conllevan gastos del gobierno, la iniciativa privada y la comunidad internacional.
Luego, siempre en el corto plazo, hay costos asociados a los daños al stock de
capital (infraestructura, inventarios y bienes de capital) que implican una
pérdida de riqueza nacional. Y luego, a mediano plazo, se puede producir una
pérdida de producción e ingresos derivada de la menor capacidad productiva de
familias y empresas, la cual, si no es compensada con un importante aumento en
la inversión por reconstrucción, se traduce en una reducción permanente de la
producción.
Distinguir y estimar el valor de estos diferentes
efectos es importante porque permite calcular la magnitud de los daños y
pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para
reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos
de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos, así como evaluar de qué
forma el país supera seis desafíos que se han presentado en todos los desastres
ocurridos en años recientes.
El primer desafío es no distorsionar los cálculos de
las pérdidas, daños y reparaciones necesarias. Es importante que las
autoridades tengan cifras fidedignas a fin de que no se inflen artificialmente
los gastos que se requieran para enfrentar los efectos del desastre. Hay que
tener presente que el grueso del costo de un desastre natural recae
principalmente sobre los ciudadanos y las empresas: el invaluable valor de las
vidas afectadas, el costo de oportunidad de las labores productivas perdidas
durante la emergencia y la transición, así como las pérdidas de infraestructura,
equipo, e inventarios, es algo que no puede ser repuesto ni subsanado por el
Estado.
El segundo desafío es no caer en la tentación de
esperar (y menos mendigar) recursos a la comunidad internacional: durante el
periodo inicial de emergencia toda ayuda externa es necesaria, pero para la
reconstrucción el esfuerzo debe ser de los guatemaltecos, tanto en el ámbito
privado como en el público. El tercer desafío es manejar transparente y
eficientemente los recursos estatales que se destinen a la emergencia y a la
reconstrucción.
El cuarto desafío es que se establezcan normas
estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que no vuelvan a
construirse edificios endebles ni puentes de cartón que se caen a la primera
llovizna. Esto es clave pues el progreso social y la expansión económica del
país dependen en gran medida del nivel de desarrollo de su infraestructura.
Puede aprovecharse esta coyuntura para aumentar la inversión en infraestructura
para activar la economía y crear empleos, además de prestar servicios a la
sociedad durante largo tiempo.
El quinto desafío, fundamental en un país propenso a
los desastres, es el de adoptar medidas preventivas duraderas para proteger la
vida y la propiedad (previsión, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial,
códigos de construcción, etcétera). Para muchas personas de bajos ingresos los
costos de emplear medidas de precaución pueden resultar prohibitivos, por lo
que requieren del auxilio del Estado.
El último desafío, el más complejo, es buscar con constancia e
insistencia el desarrollo económico y social: la experiencia demuestra que
mientras más desarrollado económicamente es un país, menor será su grado de
vulnerabilidad ante los desastres naturales (y menores los costos que tales
desastres ocasionan). De manera que las políticas que propicien el crecimiento
de la producción, mayores niveles de educación y el fortalecimiento de las
instituciones son tanto o más importantes que las políticas de mitigación y de
prevención para salvar vidas y propiedades ante los inevitables desastres que,
como el terremoto de noviembre, nos seguirán afectando en el futuro.
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