Moratoria y Protestas

Con o sin moratoria, el futuro del sector minería en los próximos cinco años se vislumbra con muy escaso dinamismo

Con el propósito de obtener algo de paz social y gobernabilidad, así como de comprar tiempo para fortalecer el marco regulatorio de la actividad minera, el gobierno ha anunciado un periodo de moratoria de dos años para cualquier nueva explotación minera. Aunque tal decisión pudo haberse quedado en el ámbito administrativo del Organismo Ejecutivo, el gobierno decidió enviarle otra papa caliente al Congreso con un proyecto de ley en el que se oficializaría la moratoria.

Eso sí, el proyecto de ley enviado el 10 de julio es muy cuidadoso en acotar la moratoria exclusivamente para el caso de la minería metálica (para la cual no se concedería ni renovaría ninguna licencia de exploración ni de explotación durante dos años), por lo que no afectaría otras actividades del sector, tales como canteras, petróleo o gas natural. En el corto plazo, la moratoria podría no tener mayor impacto sobre la economía del país, por varias razones.

Por un lado, el sector de minas es de los más pequeños de la economía (su peso dentro del PIB es inferior al 1%) y su aporte a las exportaciones, aunque llegó a ser superior al 6% del total, está en franco declive. Esto último obedece principalmente a que la mina Marlin ya alcanzó su estado de madurez y ahora está en su ciclo de declive productivo. Por otro lado, salvo el caso de la mina San Rafael, no existen nuevos proyectos significativos de minería en el país, lo cual se debe, en parte, a que el auge de la demanda de metales en los mercados mundiales se ha ralentizado y, en parte, a la inadecuada infraestructura de comunicaciones del país y a la falta de una adecuada normativa, lo cual dificulta cualquier nueva inversión. De manera que, con o sin moratoria, en el futuro del sector minería en los próximos cinco años no se vislumbra mayor dinamismo.

La moratoria, eso sí, entraña al menos dos riesgos. Por un lado, se puede estar enviando un mensaje de falta de certeza para los inversionistas, y por otro, se puede estar sentando un precedente peligroso que podría querer replicarse en otras áreas donde existen protestas públicas en contra de ciertas actividades (hidroeléctricas o plantas industriales, por ejemplo). El primer riesgo puede eliminarse si se aprovechan los próximos dos años para consensuar y aprobar una moderna ley de minería. La reducción del segundo dependerá de si el gobierno logra manejar la conflictividad y la protesta social.

Las autoridades calculan que la moratoria ayudará a minimizar uno de los principales focos de conflictividad social y de descontento, particularmente en el área rural. El plazo propuesto para la moratoria sugiere también que el gobierno estará tratando de posponer las protestas y los conflictos asociados a la actividad minera hasta después de las elecciones, para que sea el nuevo gobierno (en enero de 2016) quien deba resolver la problemática; esto en el caso de que en los próximos meses no se avance en el nuevo marco legal para a minería.

Pero por el bien del país, para evitar que siga escalando la conflictividad social, y por el potencial que tiene su sector minero, es necesario que los líderes nacionales logren discutir y consensuar dicho marco legal. Aunque nunca llegaremos a ser un país netamente minero (como, por ejemplo, Sudáfrica donde la minería aporta el 8% del PIB, el 50% del valor de las exportaciones y da empleo a medio millón de trabajadores), es importante contar con un marco regulatorio efectivo y acorde a los mejores estándares internacionales, que viabilice el aprovechamiento de nuestros vastos recursos naturales para combatir los males de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que impiden el bienestar de los guatemaltecos.

Con o sin moratoria, urge modernizar marco regulatorio de la minería para incentivar la inversión de calidad en el sector; para mejorar los ingresos del Estado (por vía de las regalías y el impuesto sobre la renta); para mejorar la distribución de ingresos a las comunidades y municipalidades donde se ubiquen las minas; para mejorar los parámetros y los controles ambientales; para facilitar el acceso de las comunidades para participar en esos proyectos; y, para fortalecer las capacidades técnicas de los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas. Tal es el desafío para el liderazgo nacional.