Priorizar, Sin Perder el Equilibrio

Un enfoque sistémico e integral del Desarrollo aconseja que las políticas públicas se apliquen de tal manera que no se perjudiquen los equilibrios que deben existir entre el sistema económico-financiero, el socio-demográfico, el político-institucional y el ecológico-ambiental. A continuación, algunas ideas de cómo podría integrarse una política pública ambiental que tome en cuenta el referido enfoque.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PRIORIZAR, SIN PERDER EL EQUILIBRIO
Una priorización de políticas que busque el equilibrio sistémico y el desarrollo sostenible implica alejarse de posiciones fundamentalistas

Cualquiera que sea el equipo de gobierno que asuma las riendas del país en enero de 2012 –comentábamos la semana pasada-, además de apagar los incendios coyunturales que ya existen o que inevitablemente surgirán en los próximos meses, deberá concentrar sus acciones de política pública en unas pocas áreas bien focalizadas: capital humano, infraestructura básica e institucionalidad del Estado; de lo contrario, la dispersión de esfuerzos y la escasez de recursos gubernamentales continuarán impidiendo que se logren avances significativos en materia de desarrollo económico y social.

Sin embargo, aunque la agenda de políticas de Estado debe ser, necesariamente, escueta, ello no significa que su implementación sea sencilla. Al contrario, una agenda de gobierno diseñada con visión de largo plazo debería considerar no sólo la aplicación priorizada de un conjunto coherente de políticas, sino también la calidad y sostenibilidad del desarrollo que se derivaría de ellas. La sostenibilidad requiere de una interrelación equilibrada entre las distintas dimensiones del desarrollo: la dimensión económico-financiera, la socio-demográfica, la político-institucional y la ambiental-territorial.

El desarrollo sostenible es, pues, un tema de naturaleza sistémica, no de índole sectorial por lo que, bajo esa perspectiva, resulta pertinente el concepto de “desarrollo sostenible” definido por las Naciones Unidas como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este concepto, aparentemente sencillo, es en realidad bastante complejo pues combina el término “desarrollo” –que implica un cambio direccional y progresivo- con el término “sostenible”, que conlleva una la permanencia en el tiempo. Esto ayuda a dimensionar el justo rol que debe asignársele al tema ambiental en una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, una sociedad que buscara preservar sus recursos naturales a costa de aumentar el nivel de pobreza de su población podría ser calificada como sostenible ambientalmente, pero de ninguna manera se podría hablar de desarrollo sostenible en este caso, pues podría llegar a hacerse socialmente insostenible.

Al mismo tiempo, es necesario saber que la pobreza y la degradación ambiental son fenómenos que se refuerzan mutuamente. En Guatemala, mucho de la degradación ambiental se debe al uso económicamente inadecuado del territorio. Dicho deterioro genera procesos de deforestación y otras amenazas a la diversidad biológica que se traducen en que un gran potencial de generación de riqueza en el país es miopemente desaprovechado. Además, la sostenibilidad del desarrollo se ve amenazada por la escasa cobertura y calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento, por el agotamiento y abandono de la zona marino-costera y por la contaminación creciente de importantes cuencas hidrográficas.

De manera que, desde una perspectiva sistémica del desarrollo sostenible, es necesario contar con una agenda ambiental realista y pragmática que implique una mejora en el gasto gubernamental dedicado a la protección ambiental, una restructuración de la institucionalidad del sector, una política de recuperación de bosques y fortalecimiento del sistema de áreas protegidas, un programa de conservación y restauración de suelos, así como una revitalización de los ecosistemas que reduzca la vulnerabilidad del país ante desastres naturales.

Al momento de priorizar las políticas ambientales que apoyen el desarrollo económico sostenible, la política de gestión del agua, saneamiento y manejo de recursos hídricos podría ser la que ocupe el lugar central como eje articulador del sistema ambiental-territorial, no sólo porque alrededor de una buena política de recursos hídricos puede generarse un reordenamiento institucional y regulatorio de los temas ambientales, sino también porque es el tipo de política que puede concitar acuerdos entre sectores responsables, tanto del lado ambientalista como del lado empresarial. Una priorización de políticas que busque el equilibrio sistémico y el desarrollo sostenible implica alejarse, claro está, de posiciones fundamentalistas (como los “anti”: anti-hidroeléctricas, anti-minería, anti-plantaciones) que tan de moda parecen estar en el país.