Re-Penalizar las Drogas

La propuesta repentina del presidente Pérez Molina de discutir la despenalización de las drogas ha puesto en evidencia lo complejo del tema. Resulta evidente que la propuesta tiene mérito, pero que su tratamiento debe ser no sólo integral, sino también gradual. En este enfoque gradual, hay que definir bien a qué etapa del negocio de las drogas se van a referir la medidas, y debe tenerse muy claro que no hay que confundir descriminalizar (dejar de considerarlo crimen) con despenalizar (dejarlo sin castigo). Como dicen los gringos, en los detalles está el diablo.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

RE-PENALIZAR LAS DROGAS

Una atrevida (y posiblemente prematura) propuesta del presidente Pérez Molina de discutir a nivel regional la despenalización de las drogas, disparó una precipitada (y ciertamente odiosa) respuesta en contrario del gobierno estadounidense que, por así decirlo, tuvo que inhalar profundo ante las declaraciones del mandatario guatemalteco. La opinión oficial de los Estados Unidos es que ese tema no se debate; y punto. Pero el debate está aquí, lo ha estado desde hace años y cada vez con más fuerza. Propuestas como la del presidente de Guatemala simplemente lo intensifican y ponen en evidencia su urgente necesidad.

El problema de las drogas y su tráfico no ha hecho más que empeorar en los últimos veinte años. Mientras que el conflicto entre y contra los carteles del narcotráfico en México y Centroamérica deja miles de muertos, la respuesta del principal país consumidor del mundo se centra más en fortalecer su frontera para impedir el paso de trabajadores indocumentados que para combatir el tráfico ilícito de drogas (de sur a norte) o de armas de fuego (de norte a sur). El clamor creciente en contra de esta situación refleja el hecho de que la política actual contra las drogas es un sonoro fracaso.

Encima de todo, la enorme crisis fiscal hace que el gobierno estadounidense reduzca el monto de recursos destinados a apoyar el esfuerzo de los países latinoamericanos por disminuir el flujo de drogas hacia el gigante del norte, lo cual refuerza la imagen de doble moral que la actual política anti drogas gringa proyecta en la opinión pública regional.

Por lo tanto, razones no le faltan a la propuesta de debatir la despenalización de la droga. Está claro, sin embargo, que el tema es sumamente complejo y que desata pasiones (especialmente en una sociedad tan conservadora como la nuestra). Su tratamiento requiere de políticas que, con gradualidad y lucidez, avancen poco a poco en nuevos enfoques que, sin descuidar los aspectos de seguridad pública, privilegien las aristas de salud pública asociadas con las drogas. Esto implica diferenciar el tratamiento que debe dárseles a los distintos tipos drogas y a sus distintas fases de mercado (producción, transporte, distribución, venta y consumo).

El problema básico es que una gran cantidad de personas (en Estados Unidos, pero también aquí) quiere consumir drogas que, al estar prohibidas, van a ser provistas por delincuentes; así, el uso de la fuerza pública para sacar a los traficantes de un área geográfica solamente hace que estos trasladen su sangriento negocio a otro lado, como lo atestigua la tragedia que hoy vivimos en Centroamérica y cuya reversión exige enfoques de política más ilustrados y efectivos.

Una línea que ha mostrado ser exitosa en otros países es la de descriminalizar el consumo de algunas drogas. En muchas partes de Europa la política anti drogas se basa en leyes benignas: la posesión personal de cualquier droga –incluso las más duras- no es un delito en España, Portugal, Italia, la República Checa ni en los países bálticos; algunos estados alemanes y cantones suizos siguen la misma línea. Los castigos no son penales sino administrativos: imposición de multas, retiro de la licencia de conducir, y envío a cursos de tratamiento y disuasión. La aplicación de este enfoque ha aumentado la efectividad en el uso de los recursos estatales hacia el tratamiento de las drogas y (contrario a lo que sostenían los opositores estas medidas) no ha aumentado el consumo de drogas.

Se trata de tomar medidas pragmáticas y, en este enfoque gradual, no hay que confundir descriminalizar con despenalizar. El tráfico y consumo de drogas debe combatirse pues (por mucho que al final se trate de una decisión personal del consumidor) causa pérdidas y costos sociales (lo que los economistas llamamos externalidades negativas) que ameritan su estricta regulación. Pero no puede seguirse haciendo como hasta ahora.

Está claro que se necesitan políticas más ilustradas y efectivas para combatir las drogas. Y que tales políticas no pueden ser unilaterales, sino que deben implementarse a nivel regional. La mesa está servida y el debate ya empezó, por más que el gobierno estadounidense se esfuerce en retrasarlo debido, quizá, a lo adicto que está –valga la expresión- a su longeva y fallida política anti-drogas.