SINASAN: Un Sistema Desnutrido

La ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional --SINASAN- es, en términos generales, una buena pieza de legislación. Sin embargo, como en tantas otras circunstancias de la vida nacional, la ley se incumple flagrantemente. Lo que es peor, los funcionarios que incumplen con sus obligaciones legales no sufren ninguna sanción. Los paganos de esta irresponsabilidad son los miles de niños que padecen desnutrición crónica y que irremisiblemente serán adultos con pocas habilidades físicas e intelectuales y estarán, por ello, condenados a una vida de pobreza.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 SINASAN: UN SISTEMA DESNUTRIDO

El marco legal vigente continúa siendo adecuado, pero cada actor debe cumplir con su mandato

Han transcurrido ya cinco años desde que se emitió la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, cuyo texto legal ha sido bien calificado por diversos expertos internacionales. Sin embargo, durante ese período no han dejado de producirse episodios de crisis alimentaria en el país que evidencian fallas en las instituciones a cargo del Sistema.

No existe evidencia de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN-, órgano rector de las políticas públicas del sector, haya cumplido con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Alimentaria –SESAN- ha fallado en su rol protagónico de coordinar al SINASAN, lo que implica armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al tema. Vale recordar que la coordinación técnica debe estar a cargo de la SESAN y no de CONRED o SEGEPLAN como ha ocurrido en ocasiones.

Las debilidades institucionales se manifiestan en ineficiencia y desarticulación. A mayo de 2011 la SESAN había ejecutado menos del 10% de su presupuesto. La anterior titular se la SESAN renunció al puesto en medio de desencuentros con el Vicepresidente de la República, quien coordina el CONASAN. Se han creado entes ajenos a los prescritos por la ley que han asumido responsabilidades que no les competen en materia nutricional: el Consejo de Cohesión Social y los programas dirigidos por éste han desplazado de su rol a la SESAN y persiguen una estrategia de reducción de pobreza desconectada de la Política y Plan de Seguridad Alimentaria vigentes. Cabe mencionar que el Consejo de Cohesión Social fue creado por un Acuerdo Gubernativo, por lo que la Ley del SINASAN es superior en jerarquía normativa, además de tratarse de una ley especial rectora de la materia, por lo que las acciones de otras instituciones podrían carecer de respaldo legal.

Si bien es cierto que en materia de consulta y participación social la Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- es de los órganos que mejor y más eficientemente  funcionan dentro del SINASAN, las opiniones y sugerencias que ésta Instancia ha efectuado al Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria no han sido tomadas en cuenta por la SESAN ni por el CONASAN, quizá porque el Gobierno ha preferido poner más atención a una entidad paralela que él mismo creó, la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la cual no está contemplada en la Ley del SINASAN.

Otro fenómeno que denota debilidad institucional es la recurrente declaratoria de Estados de Calamidad para enfrentar las crisis nutricionales, pese a que no es ésta la vía idónea: el marco legal del SINASAN contempla los mecanismos para disponer de recursos materiales ante crisis alimentarias, pues el CONASAN (previa aprobación del Congreso) tiene la potestad de generar planes y requerir recursos específicos para atender problemas alimentarios concretos con celeridad.

El problema alimentario de Guatemala en el presente año está ligado a que el precio de los alimentos es superior a la capacidad de compra de las familias en las áreas afectadas, por lo que se vislumbra un repunte en los casos de desnutrición aguda. Pero las soluciones deben ir más allá del manejo apagafuegos: deben prevenirse las crisis y avanzar hacia la erradicación de la desnutrición crónica. Esto solo puede lograrse mediante el cumplimiento de la ley por parte del CONASAN y de cada uno de los miembros que lo integran. El marco legal vigente continúa siendo adecuado para enfrentar la problemática, pero es menester que cada actor cumpla con su mandato y cuente con los recursos necesarios de forma priorizada, lo cual demanda el estricto cumplimiento de la ley, el rechazo toda acción fuera del marco de la misma y la deducción de responsabilidades a los funcionarios que no apeguen su actuación a ella. La desnutrición existente es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, por lo que resulta trágico que, aún contando con un adecuado marco legal y con políticas públicas específicas, estos instrumentos no se apliquen efectivamente.