La desnutrición ha sido combatida exitosamente en otros países mediante acciones que han demostrado ser eficaces (y
poco costosas), pero que demandan un gran esfuerzo de
coordinación entre las distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad. Dicho esfuerzo de coordinación ha sido el talón de Aquiles en el caso guatemalteco.
La ignominiosa –y sorprendentemente poco difundida-
noticia de un nuevo brote de desnutrición en Baja Verapaz ha vuelto a desnudar
la realidad del país: pese a que las autoridades aseguran estar trabajando al
respecto, durante el presente año se han detectado 70 casos de desnutrición
crónica y aguda, con la cauda de tres niños fallecidos. La desnutrición no sólo
es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, sino que
resulta completamente injustificable pues existen instrumentos suficientes para
combatirla (oferta de alimentos, un adecuado marco legal y políticas públicas
específicas) que no se aplican efectivamente.
El economista indio Amartya Sen (premio Nobel en 1998)
ha advertido que, aunque muchas cosas acerca de la pobreza son bastante obvias,
el tema de la hambruna y la desnutrición no lo son tanto: las causas de estos
males no se encuentran en la poca oferta de alimentos, sino en las dificultades
de acceso individual a los mismos debido a fallas en los mecanismos de
distribución y en el tejido social.
La desnutrición no es, pues, un problema de
producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de
autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de
alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder
adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos más
sobresalientes de la desnutrición; en particular, pasa por la atención a los
niños desde su gestación. La desnutrición causa daños irreversibles en los
primeros mil días de vida: los estudios demuestran que los niños desnutridos no
sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, y más
probabilidad de tener dificultades académicas, sino que también más
probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse
con cónyuges más pobres y de morir antes.
Afortunadamente, existen acciones para combatirla que
han sido eficaces (y poco costosas) en otros países. Brasil redujo el número de
niños con bajo peso en un 0.7% anual entre 1986 y 1996 y redujo el retraso del
crecimiento en un 1.9% anual; Bangladesh también lo redujo a tasas de 2% anual en
1994-2005. Estos países centraron muchas de sus acciones en los primeros mil
días de vida (incluyendo el embarazo) y ampliaron sus programas de salud
materna, de enseñanza de buenas prácticas alimenticias, y de medición y control
del problema.
Estos programas exitosos requieren de un gran esfuerzo
en materia de coordinación que involucra muchas acciones en un gran número de
instituciones del Estado (el programa Hambre Cero de Brasil tiene 90 diferentes
programas en 19 ministerios y abarca desde transferencias monetarias
condicionadas, hasta proyectos de mini-riego), lo cual es difícil de organizar
y sólo puede funcionar con el apoyo decidido del liderazgo político.
En Guatemala existe desde hace seis años, por mandato
legal, un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, que
no ha sido capaz de impedir que se produzcan episodios recurrentes de crisis
alimentaria en el país. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, órgano rector de las políticas públicas del sector, ha tenido
dificultades en cumplir con su obligación legal de sesionar por lo menos una
vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas
públicas. La Secretaría de Seguridad Alimentaria ha enfrentado dificultades en su
rol de coordinar al SINASAN, armonizar operativamente a los Ministerios y
articular los programas de las distintas instituciones nacionales e
internacionales.
Por ello es necesario que cada día haya más conciencia en la sociedad
guatemalteca acerca de la importancia crucial que para la viabilidad del país,
su desarrollo integral y su gobernabilidad, reviste el combate a la
desnutrición. Hoy, resulta esperanzador el surgimiento de la Alianza por la
Nutrición, una alianza de organizaciones privadas y de la sociedad civil,
comprometidas con el combate a la desnutrición crónica mediante la incidencia y
el apoyo a políticas públicas, especialmente a las acciones del Gobierno, la cooperación
internacional, los esfuerzos privados y la movilización social que permitan
implementar la Ventana de los Mil Días de manera integral en todo el país.
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