Divisiones Centroamericanas

En el tema de la despenalización, al menos, Guatemala parece estarse incorporando a un grupo de países más prósperos

Desde la independencia, las provincias que conforman el istmo centroamericano han sufrido de un trastorno bipolar respecto de su deseo de fortalecer (o debilitar) los lazos que nos unen. Lo peor es que dicho trastorno lo manifiesta cada país en diferente momento, de manera lo que casi nunca ha habido coincidencia de los cinco países (o seis, si incluimos a Panamá) a la vez respecto del tipo de integración que desean (o no) construir.

Resulta que cuando Morazán quería mantener unidas a las provincias, Rafael Carrera no quiso. Años después, en 1871, Barrios en Guatemala y Bográn en Honduras acordaron unificarse, pero El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se opusieron. Luego, en 1921, el movimiento Unionista cobró gran fuerza en Honduras, El Salvador y Guatemala, pero Costa Rica y Nicaragua no se subieron a ese tren.

En la década de 1990, el auto-denominado Triángulo Norte intentó estrechar sus lazos económicos y migratorios, como una reacción a la percibida lentitud de Costa Rica en acelerar la integración regional. Hoy en día sólo hace falta viajar por tierra a El Salvador para darse cuenta que el entusiasmo de las autoridades guatemaltecas ha decaído drásticamente en cuanto a su deseo de facilitar el tránsito de personas y mercancías hacia nuestro principal socio comercial de la Región.

El más reciente conflicto de la familia centroamericana se está desarrollando en torno a la despenalización de las drogas, en relación con lo cual Costa Rica y Panamá están abiertos a discutir la propuesta de Guatemala, mientras que, en el otro bando, El Salvador, Honduras y Nicaragua se alinean con la posición de los Estados Unidos y se resisten tan siquiera a considerar la discusión del tema.

Esta divisiones seculares en materia política ser replican también en el área económica. El desempeño económico de Costa Rica y, especialmente, de Panamá ha permitido que en los últimos años estos dos países alcancen un nivel de ingreso per cápita (nominal) cercano a los 9 mil dólares anuales. En el extremo opuesto, Honduras y Nicaragua no logran alcanzar tan siquiera los 2 mil dólares anuales per cápita. Estamos hablando, evidentemente, de dos ligas económicas distintas en las que las distancias en productividad hacen toda la diferencia. Por un lado, Costa Rica y Panamá, con menos del 20% de la población centroamericana, generan casi el 45% del PIB regional y, por el otro, Honduras y Nicaragua con casi el 33% de la población generan apenas un poco más del 13% de su PIB.

Por su parte, El Salvador y Guatemala parecen estar indecisos respecto a cuál de las dos ligas centroamericanas desean pertenecer. Ambos países tienen un nivel de ingresos nominal superior a los 3 mil dólares anuales (aunque el salvadoreño es un tanto mayor que el guatemalteco) y su aporte al PIB regional es más o menos proporcional al tamaño de su población (aunque también la mano de obra salvadoreña resulta algo más productiva que la guatemalteca).

En el tema de la despenalización de las drogas, al menos, Guatemala parece estarse incorporando al grupo de países centroamericanos más prósperos. Si bien los estilos y las sustancias de los gobernantes ticos y panameños no son exactamente del Primer Mundo, al menos sus prioridades de política pública no se centran en la repartición de fertilizantes ni de bolsas solidarias. Si bien sus sistemas políticos distan de ser perfectos, al menos sus partidos políticos tienen un cierto arraigo y organización de base que los inclina a la negociación y al debate para ejercer el poder, en vez de buscar el poder para lograr privilegios y negocios que les permitan pagar sus deudas de campaña.

Para incorporarse a la liga de las naciones prósperas, Guatemala debe identificar aquellos aspectos clave que han permitido a Panamá y Costa Rica alcanzar mejores niveles de desarrollo; ello significa aplicar políticas de largo plazo que, teniendo como norte supremo el bienestar de la población, hagan hincapié en el fortalecimiento de las instituciones (incluyendo las que se relacionan con la seguridad y la justicia), en la construcción de la infraestructura física esencial, y en la mejora continua del capital humano (especialmente en las áreas de salud y educación). De lo contrario estaremos certificando nuestra membresía en la otra liga de naciones.