La baja productividad explica los elevados
niveles de pobreza en el área rural
De las múltiples y contrastantes Guatemalas que
existen, la urbana y la rural son las que más claramente expresan las
diferencias económico-sociales que caracterizan a nuestro país y la incapacidad
de las instituciones públicas para atenderlas.
La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
–ENEI- publicada hace algunos días por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), ha vuelto a revelar las enormes disparidades entre lo urbano y lo rural
en Guatemala. Por ejemplo, mientras que el 27% de los hogares en el área
metropolitana tiene acceso a internet, apenas el 1.4% de los hogares rurales
tiene dicho servicios. Y lo mismo ocurre con otros servicios tales como agua
potable, drenajes, electricidad y teléfono.
La ENEI también revela que informalidad es mucho mayor
en las zonas rurales que en las urbanas (85% rural frente a 44% en la zona
metropolitana) y afecta a los pueblos indígenas (88.4%) mucho más que a los no
indígenas (59.7%).
Estos son síntomas del mal subyacente en la ruralidad
guatemalteca: su falta de productividad, causante de su excesiva pobreza. Según
la ENEI, las actividades económicas que se generan principalmente en el área
rural son las que más personas ocupan: la agricultura sigue generando la mayor
parte del empleo (31.9% de la población empleada del país), superando a actividades
preminentemente urbanas, como la industria manufacturera (14.8% de los
empleados).
La estructura ocupacional altamente desigual de
Guatemala también es evidente en los datos de ingresos publicados en la ENEI.
El ingreso promedio del país es de Q2,083 al mes (curiosamente, por debajo del
salario mínimo legal obligatorio); este ingreso promedio se eleva a Q3,031
mensuales en la zona metropolitana, nivel muy superior a los Q1,345 que se
registra en las zonas rurales. Las personas que trabajan en la agricultura
perciben los ingresos más bajos, con sólo Q1,198 mensuales, mientras que los
mejor remunerados están en los sectores financiero (Q3,414) y de administración
pública (Q3,557). La ENEI también muestra que el 17.2% de los ocupados no
terminó la escuela primaria, una de las tasas más altas de América Latina, que es más alta en el área rural.
Entonces, las actividades agropecuarias
–primordialmente rurales- que dan trabajo a casi el 32% de todos ocupados (sean
por cuenta propia, empleados o propietarios), apenas generan menos del 14% de
la producción nacional medida por el PIB. Esto revela una bajísima productividad
que explica los elevados indicadores de pobreza en el área rural.
La mejor forma de sacar de la pobreza a los habitantes
del área rural es mediante una aumento sostenido de su productividad: cada
quetzal producido –en forma de bienes o servicios- genera un quetzal de
ingresos; ergo, en la medida en que aumente el producto generado por el
trabajador promedio, se generará un aumento igual en el ingreso por trabajador.
Las políticas públicas de desarrollo integral del área
rural (y, por extensión, del país entero) deberían centrarse en propiciar un
aumento en la productividad. Los factores que resaltan para ser priorizados
incluyen la cantidad de recursos que se ahorran e invierten para equipar a la
fuerza de trabajo con capital productivo –herramientas, maquinaria, equipo e
infraestructura de transporte-; mejoras en la salud, la nutrición, la educación
y la capacitación de la fuerza de trabajo; y, la transmisión efectiva de nueva
y mejor tecnología para la producción, transporte y distribución de bienes y
servicios.
Pero la principal razón de las diferencias de desarrollo entre regiones
yace en la debilidad institucional –y en la ausencia del Estado- en el área
rural. Por ello, además de proveer las condiciones y los bienes públicos que
favorezcan los factores arriba indicados, el Estado debe impulsar un entorno
institucional que propicie la operación eficiente del emprendimiento ciudadano,
incluyendo la protección de los derechos de propiedad; el mantenimiento de la
ley y el orden; un sistema monetario sano; la promoción de la competencia en
los mercados; y, la apertura a los bienes y a la tecnología provenientes de
otros países. La mejora de la productividad rural (es decir, la reducción de la
pobreza rural) clama por facilitar a los trabajadores rurales más y mejor
educación, infraestructura, e instituciones.
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