PRAGMATISMO VERSUS DOGMATISMO
Entre los enemigos de este conjunto de políticas pragmáticas se cuentan el dogmatismo y el maximalismo
El tema del desarrollo rural no sólo es apasionante y complejo (como lo atestiguan los comentarios de lectores a esta columna la semana anterior), sino que es, ante todo, un elemento fundamental que determinará la viabilidad económica y la gobernabilidad de Guatemala. Por ello resulta de suprema importancia que se definan políticas públicas de largo plazo, preferentemente a través de un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos concretos.
Dichos acuerdos implican la existencia de ciertos consensos mínimos que deben lograrse en un marco de pragmatismo respaldado con sólidos fundamentos técnicos. En el pasado, los consensos políticos han sido difíciles de lograr (especialmente en un área tan espinosa como la del desarrollo rural) porque las partes del debate han tendido a considerar que su interlocutor no solamente estaba equivocado, sino que tenía intenciones perversas. En nada contribuye que, dogmáticamente, se acuse a quienes favorecen la productividad y la empresarialidad como vías para lograr el desarrollo de ser unos ultraconservadores enemigos de la democracia que sólo quieren explotar a los trabajadores o, del otro lado, acusar a quienes prefieren el impulso de la economía campesina y los programas sociales de ser radicales izquierdistas enemigos del mercado y de la propiedad privada.
Aquí es donde cobran importancia propuestas como la de IPNUSAC-IARNA (comentada la semana pasada) que, con todo y sus falencias, pueden constituir una plataforma para definir las políticas prioritarias que urge impulsar en materia de desarrollo rural. Desde este punto de vista resulta oportuno insistir en dos aspectos cruciales que deben incorporarse a un diálogo sobre la materia con una orientación pragmática: invertir en la capacidad productiva del sector agropecuario y mejorar la forma en que operan los mercados agrícolas.
Por un lado, la inversión pública en el área rural es esencial para que la productividad (que hoy en día es dramáticamente baja) se incremente de forma sostenida. Por el otro, el dinero público invertido en lo rural rendirá frutos únicamente si contribuye a mejorar el acceso de los agricultores al mercado de productos: la falta de mercados confiables es una de las mayores barreras al desarrollo rural pues, sin mercados, los agricultores (grandes y pequeños) carecen de incentivos para producir más.
De manera que las políticas públicas de desarrollo rural deben incluir la construcción de vías de acceso, así como medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados locales como, por ejemplo, el acceso a información confiable sobre precios o la habilitación de silos para granos básicos. También podrían incluirse, con carácter temporal, medidas como el subsidio a semillas mejoradas o a la adquisición de fertilizantes cuando los mercados locales fallen en la provisión de tales bienes. Asimismo, el reordenamiento institucional que aumente la eficiencia del Estado y fomente la participación ciudadana y comunitaria. Y, sobre todo, el acceso a mejor tecnología (irrigación, semillas, pesticidas, etcétera) deben ser componentes centrales de tales políticas.
Entre los enemigos de este conjunto de políticas pragmáticas se cuentan el dogmatismo y el maximalismo que se atrinchera en muchas propuestas que pululan en el medio, como la iniciativa de ley 4084. Por ejemplo, la idea de la “soberanía alimentaria” (en contraposición al concepto de “seguridad alimentaria”) puede ser contraproducente; no porque sea mala idea que un país (si tiene las ventajas competitivas para producir sus propios alimentos) se esfuerce en lograr dicha soberanía, sino porque el tema se está convirtiendo en una excusa retórica para regresar al proteccionismo y retroceder en materia de libre comercio. La experiencia de muchos años en gran número de países demuestra que la búsqueda a toda costa de la soberanía alimentaria sólo conduce a un enorme desperdicio de recursos que en nada contribuye al desarrollo rural.
La urgente aplicación de una agenda pragmática para el desarrollo rural requiere superar la retórica reivindicativa y el dogmatismo ideológico, lo que pasa por un diálogo serio basado en datos y propuestas técnicas que ya existen. Ojalá que el nuevo gobierno esté en capacidad de impulsarlo y exista en los grupos interesados la madurez para lograrlo.COMENTARIOS DE LOS LECTORESMar, 12/06/2011 - 09:43 — ssamayoa
"únicamente si contribuye a mejorar el acceso de los agricultores al mercado de productos"
Traduciendo: INFRAESTRUCTURA = CARRETERAS
Loables intenciones "temporales" de los subsidios, cito:
"...medidas como el subsidio a semillas mejoradas o a la adquisición de fertilizantes cuando los mercados locales fallen en la provisión de tales bienes"
Pero es de más conocido que todos estos programas llevados por "papá gobierno" solo son foco de corrupción y, en la mayoría de casos, la "ayuda" no llega al de hasta "abajo". Ya quiero ver yo esas semillas y fertilizantes en en los latifundios de allegados a los encargados de su distribución y varios cientos o miles de millones de quetzales después (pagados por nosotros) en las mismas.
Yo no creo que la intervención del estado en forma directa (subsidios, creditos "baratos", semillas, fertilizantes, nuevos entes coordinadores, etc.) sea la solución. Hay que invertir en EDUCACIÓN encamindada a la TECNIFICACIÓN a la par de educación en NEGOCIOS, sobre todo que en un intercambio libre ambas partes ganan. Deberíamos tener por descontado la infraestructura. En lo que si debe intervenir el gobierno es en negociar con nuestros vecinos facilidades para exportar lo producido.
¿Imaginen que todos esos minifundios se unieran y exploraran la tierra en forma técnica y pudieran llevar sus productos a los mercados que lo necesitan sin que "papá gobierno" meta las manos?
Traduciendo: INFRAESTRUCTURA = CARRETERAS
Loables intenciones "temporales" de los subsidios, cito:
"...medidas como el subsidio a semillas mejoradas o a la adquisición de fertilizantes cuando los mercados locales fallen en la provisión de tales bienes"
Pero es de más conocido que todos estos programas llevados por "papá gobierno" solo son foco de corrupción y, en la mayoría de casos, la "ayuda" no llega al de hasta "abajo". Ya quiero ver yo esas semillas y fertilizantes en en los latifundios de allegados a los encargados de su distribución y varios cientos o miles de millones de quetzales después (pagados por nosotros) en las mismas.
Yo no creo que la intervención del estado en forma directa (subsidios, creditos "baratos", semillas, fertilizantes, nuevos entes coordinadores, etc.) sea la solución. Hay que invertir en EDUCACIÓN encamindada a la TECNIFICACIÓN a la par de educación en NEGOCIOS, sobre todo que en un intercambio libre ambas partes ganan. Deberíamos tener por descontado la infraestructura. En lo que si debe intervenir el gobierno es en negociar con nuestros vecinos facilidades para exportar lo producido.
¿Imaginen que todos esos minifundios se unieran y exploraran la tierra en forma técnica y pudieran llevar sus productos a los mercados que lo necesitan sin que "papá gobierno" meta las manos?
Mar, 12/06/2011 - 20:36 — Hector Adolfo Barrera Ortiz
Los comentarios de Mario García ahora estan mejor enfocados, al referirse a temas como el de acceso al mercado, productividad, incentivos e institucionalidad. Los tres son elementos fundamentales al considerar el modelo de desarrollo rural. El acceso al mercado, es el punto más crucial, complejo y cuesta arriba, y esto no es un asunto ni ideológico, ni político, es una condición de capacidad empresarial, estándares de calidad y productividad, por su supuesto. Los niveles de productividad es la consecuencia del nivel de desempeño empresarial y conlleva una compleja condición de preparación y fortalecimiento de las capacidades de la cadena de producción.
El tema de los encadenamientos empresariales y mucho más complejo y ofrece muchas posibilidades y aquí si caemos en un punto ideològico y político. USAID viene apoyando desde 1984 un programa de extinsión de la economía campesina, esto es el pequeño y mediano productor rural,- productor de maíz, arroz, hortalizas, por ejemplo-, incentivando y apoyando, incentivando empresas "líderes" o "exitosas", vía AGEXPORT y MAGA, clusters productivos bajo el supuesto, que estas unidades productivas, al formar una determinada escala de producción produce y genera un valor agregado incrementado de la cadena productiva, sobre todo cuando tambien se vuelven receptores de la cooperación de AID,. Esto sólo ha favorecido a un pequeño grupo de empresarios rurales, a costo de una serie de prácticas, como imposición de precios, etc. entrega de productos a consignación, períodos largos de pago. Este modelo, al que todos llamamos el circulo vicioso de inequidad social, a que "todos" decidos queremos romper, pero que en la pràctica, todos compartimos y apoyamos. Claro, la perspectiva de estas decisiones no pasan por USAID-GUATEMALA, sino en los pensadores de Washington, que creen que el dilema de las inequidades son compensadas poco a poco en la medida que el crecimiento económico, va propiciando el "supuesto!" del derrame de la riqueza. Recordemos, que Guatemala, ha dejado de ser productor de arroz y se ha convertido en un importador constante, similar tendencia, nos pasará con el maíz, frijol, hortalizas, etc., parte concurrente a los ciclos de inseguridad alimentaria.
Bueno, es sólo parte del análisis, el otro tema es el reordenamiento institucional y la eficiencia del Estado para fomentar la participación ciudadana y comunitaria. Y, sobre todo, el acceso a mejor tecnología (irrigación, semillas, pesticidas, etcétera) deben ser componentes centrales de tales políticas. Me parece que el punto de la institucionalidad, más bien pasa por la voluntad y capacidad políticaEste es un punto esencial y que no creo que tenga que llevarse al plano de los consensos sociales. Al menos con las entidades "cupulares". El consenso es importante, pero debería de estar enfocado a las propias organizaciones rurales y los líderazgos comunitariospero no tanto en cuanto al "que", "para que" y el cómo implementarse. Es obvio que todos los campesinos esperan incentivos.
De manera que son cruciales las decisiones en cuanto a la institucionalidad, ya que el Estado cuenta con una serie de esfuerzos y capacidades, mencionadas en un comentario anterior. Este análisis es fundamental. Determinar el modelo de desarrollo rural, pero pasa por definir tambien, quienes son esos actores políticos.
El tema de los encadenamientos empresariales y mucho más complejo y ofrece muchas posibilidades y aquí si caemos en un punto ideològico y político. USAID viene apoyando desde 1984 un programa de extinsión de la economía campesina, esto es el pequeño y mediano productor rural,- productor de maíz, arroz, hortalizas, por ejemplo-, incentivando y apoyando, incentivando empresas "líderes" o "exitosas", vía AGEXPORT y MAGA, clusters productivos bajo el supuesto, que estas unidades productivas, al formar una determinada escala de producción produce y genera un valor agregado incrementado de la cadena productiva, sobre todo cuando tambien se vuelven receptores de la cooperación de AID,. Esto sólo ha favorecido a un pequeño grupo de empresarios rurales, a costo de una serie de prácticas, como imposición de precios, etc. entrega de productos a consignación, períodos largos de pago. Este modelo, al que todos llamamos el circulo vicioso de inequidad social, a que "todos" decidos queremos romper, pero que en la pràctica, todos compartimos y apoyamos. Claro, la perspectiva de estas decisiones no pasan por USAID-GUATEMALA, sino en los pensadores de Washington, que creen que el dilema de las inequidades son compensadas poco a poco en la medida que el crecimiento económico, va propiciando el "supuesto!" del derrame de la riqueza. Recordemos, que Guatemala, ha dejado de ser productor de arroz y se ha convertido en un importador constante, similar tendencia, nos pasará con el maíz, frijol, hortalizas, etc., parte concurrente a los ciclos de inseguridad alimentaria.
Bueno, es sólo parte del análisis, el otro tema es el reordenamiento institucional y la eficiencia del Estado para fomentar la participación ciudadana y comunitaria. Y, sobre todo, el acceso a mejor tecnología (irrigación, semillas, pesticidas, etcétera) deben ser componentes centrales de tales políticas. Me parece que el punto de la institucionalidad, más bien pasa por la voluntad y capacidad políticaEste es un punto esencial y que no creo que tenga que llevarse al plano de los consensos sociales. Al menos con las entidades "cupulares". El consenso es importante, pero debería de estar enfocado a las propias organizaciones rurales y los líderazgos comunitariospero no tanto en cuanto al "que", "para que" y el cómo implementarse. Es obvio que todos los campesinos esperan incentivos.
De manera que son cruciales las decisiones en cuanto a la institucionalidad, ya que el Estado cuenta con una serie de esfuerzos y capacidades, mencionadas en un comentario anterior. Este análisis es fundamental. Determinar el modelo de desarrollo rural, pero pasa por definir tambien, quienes son esos actores políticos.
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