Empleo y Desarrollo Integral

El elevado nivel del subempleo es una tragedia para Guatemala, porque significa que los trabajadores no logran satisfacer adecuadamente sus necesidades. Las políticas de competitividad, empleo y desarrollo rural lanzadas recientemente por el gobierno serán útiles en la medida en que aborden esta tragedia.

La secuela más grave de la crisis económica mundial que explotó en 2008 está, hoy en día, en los elevados niveles de desempleo que prevalecen en los países desarrollados. Según cifras recientes de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-, sus países miembros (que son las 30 economías más desarrolladas del planeta) tienen actualmente 100 millones de personas sin empleo, y necesitan generar 21 millones de puestos de trabajo para regresar a los niveles de empleo que registraban antes de la crisis.

La imposibilidad de encontrar una solución rápida y convincente a este problema tiene contra la pared a muchos gobiernos en Europa de cara a sus ciudadanos, especialmente los más jóvenes que, indignados, ven con creciente pesimismo su futuro. Y tiene también muy preocupado a Barack Obama respecto de sus posibilidades de ser reelecto en noviembre como presidente de los Estados Unidos.

En el caso de Guatemala el desempleo, en apariencia, no salta a la vista como un problema apremiante. Aunque la tasa de desempleo en nuestro país ha empeorado ligeramente, al pasar de sólo 3.52% en 2010 a 4.06% en 2011(según la última encuesta de empleo e ingresos –ENEI-), nuestro país se compara relativamente bien con realidades como la de Estados Unidos (con una tasa de desempleo de 8.1% a marzo de 2011) y supremamente bien cuando se compara con el caso extremo de España (que tiene una tasa de desempleo de 24.1%).

Este aparente buen desempeño de Guatemala oculta la verdadera tragedia del mercado laboral guatemalteco: la enorme cantidad de trabajadores que están subempleados. La tasa de subempleo en 2011, según la ENEI, fue de 57.2%, lo que quiere decir que más de la mitad de los trabajadores están ocupados por menos del tiempo que desean laborar, o bien desempeñan labores que están por debajo de sus capacidades físicas e intelectuales. En otras palabras, estos trabajadores están devengando ingresos inferiores a los que podrían ganar si estuviesen plenamente empleados.

El subempleo es una tragedia no sólo porque significa que la mayoría de trabajadores guatemaltecos no logra satisfacer adecuadamente sus necesidades materiales, sino también porque se traduce en que las empresas guatemaltecas, grandes y pequeñas, ven limitadas sus posibilidades de vender sus productos dada la falta de poder adquisitivo de los consumidores.

La situación es particularmente grave en el área rural, donde se ubica la mayoría de trabajadores: 38.8% del total de ocupados está en la agricultura, versus un 14.6% en la industria y un 24.9% en los servicios. Resulta preocupante que la actividades agrícolas (con ese 38.8% de ocupados) apenas generen un 13.3% de la producción nacional (medida por el PIB). Es evidente que lo que existe en el área rural es una falta enorme de productividad, si se compara con las actividades industriales (que generan un 20.3% del PIB) o de servicios (30.8% del PIB).

Esa falta de productividad se relaciona con el bajo nivel de escolaridad. Según la ENEI, la escolaridad promedio en las actividades agrícolas era en 2011 de 3.53 años, mientras que en la industria era de 5.92 años y en los servicios era de 9 años. En consecuencia, el ingreso promedio de cada trabajador agrícola era de Q1250, mientras que en la industria era de Q2125 y en los servicios de Q2442.

Dada la crudeza de las cifras oficiales en materia de empleo y productividad, es muy oportuno que el gobierno haya lanzado la semana pasada, por un lado, una política nacional de empleo y, por otro (casi en simultáneo), una política de desarrollo rural. La primera establece unos lineamientos generales para generar empleos que se basan en velar por el cumplimiento de la legislación laboral, incrementar la productividad de los trabajadores, generar mayor inversión, fomentar la eficiencia e innovación de la producción y mantener un marco económico estable. La segunda plantea reactivar la política de desarrollo rural que emitió el gobierno anterior, promover la inversión privada en el área rural y fortalecer la agricultura familiar.

Aunque es importante el lanzamiento público de estas políticas, más importante será que los distintos componentes de las mismas se articulen con congruencia, a fin de que su implementación sea efectiva y se evite que entren en contradicción unas con otras.