Para mejorar el acceso de la población a los servicios del sistema financiero (aumentar la profundización financiera) es necesario aplicar reformas legales e institucionales, tales como el fortalecimiento del Registro de Garantías Mobiliarias, una ley que regule las quiebras e insolvencias, y un marco regulatorio que incentive la operación de los burós de crédito y el acceso a la información que estos proveen¿
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante
la conferencia Centroamérica al Día (de COPADES) que tuvo lugar la semana
pasada, fue que Guatemala es el país de la Región con el menor grado de
penetración financiera, cuando esta se mide como el porcentaje que el crédito
bancario representa respecto de la producción: el 37% en nuestro país es menor
que el 42% en Nicaragua y el 44% en El Salvador, y contrasta aún más con el 58%
de Costa Rica, el 60% de Honduras y, por supuesto, el 90% de Panamá.
El tema es importante porque hay una relación entre el
grado de profundización financiera de un país y sus niveles de bienestar y
progreso material. Así lo demuestran estudios como el del Boston Consulting
Group que ha encontrado una estrecha correlación entre su indicador de
inclusión financiera (el porcentaje de individuos mayores de 15 años que poseen
una cuenta bancaria) y su indicador de desarrollo económico sostenible para un
amplio número de países. También existe evidencia empírica de que una mayor
profundización financiera contribuye a la reducción de la pobreza y de la
desigualdad.
La profundización financiera es multidimensional y,
para el caso de Guatemala, no todas son malas noticias. Nuestro país es uno de
los que ofrece mayor acceso físico a la infraestructura financiera. Según
estudios del Fondo Monetario Internacional, el número de agencias bancarias ha
crecido de 18.8 por cada cien mil habitantes en 2004, a 37 en 2014 (el promedio
de Latinoamérica ese año fue de 24); además, el número de cajeros automáticos
en Guatemala (si bien concentrados en las áreas urbanas del país) fue de 36 por
cada cien mil habitantes, superior a los 25 cajeros en promedio
latinoamericano, también en 2014.
Lo que hace falta es que ese acceso físico con el que
hoy contamos se traduzca en un mayor uso efectivo de los servicios financieros
por parte de la población de todos los niveles de ingreso: solo el 60% de las
pequeñas y medianas empresas del país maneja cuentas bancarias (el promedio en
Latinoamérica es de 92%). Si bien el relativo rezago de la penetración
financiera en el país refleja una serie de factores estructurales (bajo nivel
de ingreso per cápita, falta de educación financiera, prevalencia del sector
informal y débil estado de derecho), mucho puede hacerse desde el gobierno para
promover el acceso a los servicios financieros mediante el desarrollo de un
marco legal, regulatorio e institucional apropiado y de un ambiente donde la
información financiera fluya efectivamente.
Ya se ha avanzado, desde el ámbito regulatorio, en el
diseño de una estrategia nacional para la inclusión financiera, la regulación
de las microfinanzas y la emisión de normas para las transacciones con dinero
móvil, pero aún resta mucho por avanzar en el campo legislativo e
institucional. Es importante, por ejemplo, un marco legal (es decir, las leyes
y su correcta aplicación) que proteja los derechos de propiedad y los derechos
de los acreedores (sin lo cual se desincentiva el crédito y se alienta a los
deudores a no pagar).
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