sábado, 21 de julio de 2012

El Numerito Clave


¿Está el gobierno muy endeudado, o aún hay espacio para adquirir más préstamos? ¿Está mal que los bancos privados le compren bonos al gobierno? ¿El tamaño del gobierno es un problema? La gravedad de la situación sólo puede aquilatarse si se centra la atención en un numerito clave: el déficit fiscal

El tamaño del déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno) es la variable clave para analizar las finanzas del Estado. Hace un par de semanas tocamos este punto y hoy se hace necesario reiterarlo, pues resulta esencial para poner en perspectiva un par de temas alrededor de los cuales se están generando sendas polémicas que bien vale la pena intentar esclarecer.
Un primer tema que se está poniendo de moda es el de la prohibición constitucional vigente que impide al Banco de Guatemala concederle crédito al Gobierno. Al respecto han surgido opiniones que abogan por eliminar la referida prohibición, con el argumento de que resultaría sano que el banco central pueda entrar a competir con los bancos del sistema a fin de que el crédito al gobierno no sea tan caro para éste y se evite que los bancos obtengan ganancias indebidas aprovechándose del “monopolio” que les concede la prohibición constitucional.
La opinión antes descrita está llena de errores y falacias. Es falso que exista un “monopolio” pues los bancos compiten entre sí para otorgarle financiamiento al gobierno. También es falso que los bancos estén volviéndose millonarios a costa de prestarle dinero al gobierno, ya que el crédito concedido por los bancos al gobierno representa menos del 10% de sus activos.
Lo peor de tal argumento es que no sólo es conceptualmente pobre, sino que además desvía la atención del verdadero asunto de fondo: el déficit fiscal. Si no existiera déficit (o si dicho numerito clave estuviera permanentemente bajo control), el problema del crédito del banco central (o de los bancos privados) al gobierno sería inexistente; dado que en Guatemala los ingresos tributarios son estructuralmente bajos, el gobierno debe endeudarse para financiarlo. Eliminar la prohibición al banco central para darle crédito al gobierno no soluciona este problema, sino que solamente lo opaca, lo disfraza y pospone su solución.
Los intelectuales de izquierda y los líderes populistas que abogan por revivir el crédito del banco central al gobierno no se dan cuenta de que con ello se invisibilizaría el auténtico talón de Aquiles de las finanzas públicas (la precariedad de ingresos) y se debilitaría sustancialmente eñ argumento a favor de aumentar la carga tributaria. Y, mientras tanto, el dinero sin respaldo que emitiría el banco central para prestarle al gobierno iría minando gradualmente la estabilidad económica que se ha venido construyendo a pulso en los últimos lustros y que es una de las pocas fortalezas del país ante los ojos de la comunidad financiera internacional.
El segundo tema es el de la infame deuda flotante que, supuestamente, el gobierno debe pagar por obras de infraestructura que fueron comisionadas en años anteriores sin que existieran recursos para pagarlas. Al respecto, será importante dilucidar si la contratación de dicha obra fue legal o ilegal, así como verificar si tal obra realmente existe, si era necesaria y si cumple con los estándares mínimos de calidad.
Una vez verificado lo anterior, podrá saberse a cuánto asciendo el monto que el gobierno va a pagar por concepto de obras de infraestructura realizadas en el pasado, monto que, inevitablemente, impactará en el numerito clave: el déficit fiscal.
En efecto, en el instante en que el gobierno reconozca que se ejecutó obra pública que no estaba presupuestada o que, habiéndolo estado, no se pagó durante el período en que correspondía hacerlo, en ese instante se reconocerá también que el déficit fiscal fue mayor de lo que oficialmente se había calculado.
De manera que si, por ejemplo, se decide reconocer y pagar una deuda flotante de, digamos, Q4 mil millones, habrá que aumentar en ese mismo monto el déficit fiscal: si, por ejemplo, se pagara dicho monto en 2012, el déficit fiscal de este año ya no será equivalente al 2.5% del PIB, sino que alcanzará un 3.5%, el nivel más alto en más de una década, que excedería por mucho los niveles de déficit considerados como sostenibles e implicaría un aumento alarmante en el endeudamiento público.
La gravedad de estos asuntos sólo puede aquilatarse en su justa dimensión si se centra la atención en ese numerito clave, el déficit fiscal, que nos dice tanto pero que, consciente o inconscientemente, preferiríamos no tener que ver.

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