Se requerían modificaciones al marco legal
que, hasta ahora, habían estado estancadas
Durante los últimos años, el sistema bancario se ha
mantenido relativamente sólido y en proceso de gradual fortalecimiento,
apuntalado por un récord de prácticas crediticias prudentes e indicadores de
solvencia en proceso de mejora. Sin embargo, en opinión de diversas
calificadoras de riesgo, aún muestra cierta vulnerabilidad ante factores clave
como el mediocre crecimiento de la economía nacional, la fragilidad de la
economía internacional y un eventual deterioro de los términos de intercambio.
Por el lado positivo, la estabilidad exhibida por las
tasas de interés y el renovado ritmo del crédito bancario en meses recientes
son factores que ayudan a mitigar dichos riesgos. Las calificadoras evalúan
nuestro sistema financiero de acuerdo con una serie de indicadores de su
desempeño: el patrimonio, la calidad de los activos, la eficiencia
microeconómica, las utilidades, la liquidez y el estatus de mercado. La mayoría
de esos indicadores están en niveles aceptables, y eso lo reconocen las
calificadoras y analistas internacionales.
Sin embargo, tal como lo expresa uno de ellos (The
Economist Intelligence Unit), “los indicadores de solidez financiera son
razonables, pero el escaso progreso en la mejora de la supervisión sigue siendo
una debilidad” para el sistema bancario nacional. Ello subraya la conveniencia
de consolidar y fortalecer la regulación y supervisión financiera en función de
los riesgos cambiantes del entorno interno y externo, para ponerlas más en
línea con los estándares que establecen a nivel internacional entidades como la
OCDE.
Lo anterior requeriría modificaciones al marco legal
que, hasta ahora, habían estado estancadas. Sin embargo, el 28 de agosto el
Congreso aprobó una reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que
fortalece las regulaciones, limita la participación de bancos fuera de plaza (offshore) y norma la asistencia
financiera para entidades bancarias en riesgo. La mayoría de las reformas
aprobadas se orienta a fortalecer la llamada “red de protección financiera”
para casos de insolvencia y cierre de una institución bancaria, pero también se
incluyeron algunas regulaciones de carácter más general.
Las reformas del primer establecen límites más
estrictos para otorgar créditos a los accionistas de los grupos financieros,
incluyendo a las empresas que forman parte de tales grupos; limitan la
distribución de dividendos en casos de entidades que necesiten reforzar su patrimonio;
limitan los operaciones de las offshore
y endurecen las sanciones contra las mismas; e incrementan el monto que el
banco central puede aportar como préstamo de última instancia. Sobresalen las
disposiciones relativas a fortalecer el Fondo para la Protección del Ahorro –FOPA-,
habiéndose incrementado la cuota mensual que los bancos deben aportar para su
sostenimiento.
Entre el segundo tipo de reformas (las generales) sobresale
la normativa que obliga a los bancos a contar con una calificación emitida por
una calificadora de riesgo reconocida, la cual deberá ser evaluada y registrada
en la Superintendencia de Bancos. Esta calificación deberá ser pública y
servirá de parámetro para determinar el aporte que cada banco debe hacer al
FOPA. Además, se establecen nuevos límites de concentración de inversión.
Todas estas reformas pueden tener importantes implicaciones
y contribuirán a mejorar la percepción que las calificadoras tienen sobre el
marco regulatorio del sistema bancario. Aunque el aumento en la cuota de
contribución al FOPA genera un aumento de costos que los bancos podrían
trasladar al usuario mediante aumentos en las tasas de interés, ello solamente
ocurriría parcialmente en la medida en que la competencia por atraer clientes
obligará a las instituciones a absorber parte del referido costo. Finalmente,
la disposición que obliga a los bancos a contratar y hacer pública una
calificación de riesgo puede tener importantes implicaciones en las
percepciones del público sobre la calidad de las instituciones financieras, y
generar a partir de dichas precepciones movimientos de activos y pasivos
conducentes a una mayor consolidación del sistema bancario.
El nuevo Superintendente de Bancos, Ramón Tobar, tendrá a su cargo
vigilar la evolución de estas implicaciones. Le deseamos suerte en el desempeño
de tan importante responsabilidad.
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